El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este lunes 27 de enero la imposición de represalias contra Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro prohibiera el aterrizaje en Bogotá de dos aviones militares estadounidenses que transportaban a 160 migrantes colombianos deportados.
Entre las primeras medidas, destaca el cierre de la sección de visas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una decisión que impedirá a miles de colombianos tramitar este documento necesario para ingresar al territorio estadounidense.
“Próximamente se implementarán medidas de represalia adicionales”, advirtió el Departamento de Estado, anticipando un incremento en las tensiones diplomáticas entre ambos países, a solo días de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos.
Posición de Colombia
La canciller designada, Laura Sarabia, quien asumirá funciones el próximo 1 de febrero, reiteró el compromiso de Colombia de garantizar un retorno digno para sus connacionales deportados. En su cuenta de X, Sarabia afirmó que el país está dispuesto a dialogar con Estados Unidos para encontrar soluciones basadas en el respeto y trato humano de los migrantes.
Por su parte, el presidente Petro defendió su decisión, señalando que no permitirá el trato indigno hacia los migrantes. “Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece”, publicó en X. Petro exigió que, de haber deportaciones, estas se realicen en aviones civiles y bajo condiciones respetuosas tanto para los deportados como para Colombia.
Reacciones internacionales
El rechazo colombiano no fue aislado. El gobierno de Brasil también expresó su descontento tras el arribo de un vuelo con deportados brasileños en condiciones que calificaron como “degradantes”. Los pasajeros llegaron esposados y con cadenas, lo que generó una protesta oficial de la cancillería brasileña.
Escalada diplomática en curso
Este episodio refleja el creciente desafío en la relación entre Estados Unidos y América Latina frente al manejo de la migración y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Las represalias anunciadas por Washington marcan el inicio de una posible escalada, mientras Bogotá mantiene su postura de exigir condiciones más dignas en los procesos de deportación.
La comunidad internacional observa con atención los próximos pasos de ambos gobiernos y las repercusiones en la cooperación bilateral.