Más de 70 mil estudiantes indocumentados en Texas se verán directamente afectados luego de que un juez federal invalidara una ley estatal que les permitía pagar matrícula universitaria al mismo costo que los residentes legales del estado. El fallo responde a una demanda impulsada por la administración del expresidente Donald Trump y ha sido calificado como un golpe significativo al acceso igualitario a la educación.
La Corte de Distrito del Norte de Texas declaró “inconstitucional e inválida” la legislación, vigente desde 2001 bajo el nombre de Texas Dream Act, al considerar que violaba el principio de igualdad al otorgar beneficios educativos a extranjeros en detrimento de ciudadanos estadounidenses de otros estados.
«La colegiatura estatal para los inmigrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas», celebró en redes sociales el senador republicano Brandon Creighton, quien desde hace años había promovido iniciativas para eliminar este beneficio. La orden judicial fue difundida ampliamente por legisladores conservadores, quienes sostienen que la medida corrige una injusticia hacia los contribuyentes.
Sin embargo, voces demócratas y organizaciones proinmigrantes denunciaron la decisión. El congresista Joaquín Castro, representante de San Antonio, afirmó que “esta legislación lastimará a los texanos”, y recordó que fue el exgobernador republicano Rick Perry quien firmó la ley hace más de dos décadas. “Se trata de jóvenes que crecieron en Texas, estudiaron aquí y aspiran a contribuir a la sociedad”, subrayó.
La ley permitía a estudiantes sin estatus migratorio legal —pero que habían cursado al menos tres años de preparatoria en Texas y se graduaron en el estado— acceder a la ‘in-state tuition’, una tarifa considerablemente más baja que la que se cobra a los estudiantes foráneos. Su eliminación podría traducirse en costos duplicados o triplicados para quienes deseen seguir estudiando.
De acuerdo con datos de Higher Ed Immigration Portal, Texas alberga a casi una quinta parte de los 408 mil estudiantes indocumentados inscritos en educación superior en todo el país, lo que hace del estado un referente en esta discusión nacional.
El gobernador Greg Abbott respaldó el fallo, asegurando que será de aplicación permanente. En contraste, defensores de los derechos migrantes temen que la medida disuada a miles de jóvenes de seguir sus estudios y acentúe la desigualdad educativa.
Aunque la decisión aún podría ser apelada, el futuro inmediato de miles de estudiantes en Texas queda en incertidumbre. Para muchos de ellos, el acceso a una educación universitaria de calidad acaba de volverse un privilegio más distante.