Redacción
México.- En una medida que refleja un cambio significativo en el control de infraestructuras clave en México, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez ha sido oficialmente transferido al mando de la Marina Armada de México. El decreto que formaliza esta transferencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este 8 de agosto.
Según el decreto presidencial, las entidades paraestatales que operaban el aeropuerto, incluyendo el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ahora estarán bajo el control y coordinación de la Secretaría de Marina.
Este cambio se ha justificado como una medida en pro de la seguridad y el enfrentamiento óptimo de los desafíos de seguridad que enfrenta México. Durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha alegado que el AICM fue utilizada en el pasado para actividades ilícitas, incluyendo el transporte de drogas. Se ha afirmado que estas acciones ocurrieron bajo la complicidad de la extinta Policía Federal.
El decreto también señala que en años previos, hubo descuido y deficiencias sistémicas en las terminales aeroportuarias, comprometiendo la seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo. El servicio presentaba problemas en el manejo de áreas y equipamiento, así como falta de atención a reportes y cumplimiento de normativas.
Este movimiento se produce en un contexto en el que las Fuerzas Armadas de México han asumido un mayor control sobre diversas empresas y proyectos estatales, lo que ha generado debate sobre la militarización del Estado. Además del AICM, el Ejército ahora controla el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ha establecido su propia aerolínea, Mexicana de Aviación, con planes de vuelo inicialmente en rutas nacionales.
No obstante, esta creciente presencia militar en sectores civiles ha sido objeto de críticas y preocupaciones por parte de sectores que temen una concentración excesiva de poder y una militarización indebida de la sociedad. A medida que se implementan estas medidas, el gobierno de López Obrador enfrenta el reto de equilibrar la seguridad y eficiencia con los principios democráticos y los derechos civiles.