Redacción
México.- En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, expertos en salud pública instaron a las autoridades mexicanas a emitir una alerta sanitaria y clasificar las bebidas azucaradas como productos de riesgo debido a su impacto en la mortalidad y salud de la población. Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, destacó que «las bebidas azucaradas matan más que el crimen organizado en nuestro país».
Según datos de la organización, más de 40,000 muertes anuales en México se deben al consumo de estas bebidas, con el 57% (23,433) decesos causados por diabetes, representando el 35.6% de todas las muertes por esta enfermedad en el país. Las bebidas azucaradas son también un factor de riesgo para desarrollar obesidad, enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos metabólicos.
Julieta Ponce, directora de Intervención Nutricional de la clínica Coa Nutrición, señaló que en niños y adolescentes, el consumo de azúcares de estos productos puede elevar los niveles de triglicéridos y aumentar el riesgo de infarto, además de provocar insomnio, afectaciones cognitivas y síndrome de hiperactividad.
Paulina Magaña, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del Consumidor, citó un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que revela que México es uno de los principales consumidores de refrescos en el mundo, con un 21.7% de la población consumiéndolos regularmente. En promedio, cada mexicano consume 163 litros de refrescos al año y el 90% de los niños en edad preescolar y escolar ingieren estas bebidas.
Ante esta situación, El Poder del Consumidor y diez expertos mexicanos presentaron un recurso para solicitar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que declare a las bebidas azucaradas como productos de riesgo para la salud. Gabriel Guzmán, abogado de la organización, pidió que Cofepris emita una alerta sanitaria e investigue los ingredientes utilizados por las empresas.
Los expertos también denunciaron prácticas de la industria de bebidas que buscan desinformar y minimizar los riesgos asociados al consumo de estos productos. Entre estas prácticas se incluye el pago para la generación de estudios favorables y un discurso que trivializa la contribución de estas bebidas a la epidemia de obesidad y diabetes en México.
Finalmente, exigieron que el regulador aplique principios de prevención y precaución, proteja el derecho a la salud mediante la información y corrija la desinformación causada por la industria de bebidas azucaradas.