En una decisión que promete impactar tanto en el ámbito jurídico como en el social, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que el derecho a percibir pensión alimenticia no cesa automáticamente al concluir un bachillerato técnico.
Este criterio, publicado este fin de semana, establece que si una persona decide continuar con estudios superiores, seguirá teniendo derecho a recibir apoyo alimentario, aun si ya es mayor de edad.
La resolución busca garantizar el principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad, según el cual cada individuo tiene derecho a trazar su propio proyecto de vida, incluyendo la decisión de continuar su preparación académica.
Igualdad en la educación
La SCJN señaló que tratar de manera distinta a quienes egresan de un bachillerato técnico y a quienes optaron por una modalidad general carece de justificación. “No podemos asumir que un título técnico garantiza independencia económica inmediata”, expresó el fallo, destacando que muchos egresados enfrentan barreras para acceder a empleos bien remunerados, lo que hace indispensable continuar su educación.
Este criterio es especialmente relevante en un contexto donde el acceso a la educación superior es clave para romper ciclos de desigualdad. Además, la jurisprudencia busca nivelar condiciones y reducir discriminaciones, promoviendo que tanto hombres como mujeres puedan seguir estudiando sin temor a perder el apoyo de sus familias.
Implicaciones sociales y económicas
El fallo tiene repercusiones más allá de las disputas familiares. En México, donde la tasa de deserción escolar es alta y el acceso a la universidad sigue siendo limitado, garantizar el apoyo alimenticio durante los estudios superiores puede marcar una diferencia significativa en la vida de miles de jóvenes.
La SCJN también enfatizó que la obligación alimentaria no debe verse solo como una carga económica, sino como una inversión en el desarrollo integral de los hijos. Aunque el fallo podría generar controversias entre los obligados alimentarios, se destaca que este compromiso también fortalece la competitividad del país al fomentar una fuerza laboral mejor educada.
Un paso hacia una sociedad más equitativa
Este criterio redefine la educación como un derecho y no como un privilegio, adaptando la ley a las realidades sociales y económicas del país. Aunque representa un desafío para los obligados alimentarios, también abre oportunidades para quienes buscan construir un futuro mejor a través de la educación superior.
La resolución de la SCJN envía un mensaje contundente: la igualdad y la justicia son principios que deben guiar tanto las leyes como las relaciones familiares, garantizando que ningún joven vea truncado su proyecto de vida por razones económicas.