Una fuerte oposición ciudadana se ha desatado en los municipios hidalguenses de Epazoyucan, Singuilucan y Zempoala, donde comunidades locales han iniciado una campaña en la plataforma Change.org para frenar la instalación de la planta fotovoltaica Akuwa Solar. El proyecto, aseguran los firmantes, amenaza con provocar graves afectaciones ambientales, culturales y sociales en la región.
La denuncia ciudadana señala que el desarrollo de esta planta implicaría el cambio de uso de hasta 450 hectáreas de terrenos ejidales, tradicionalmente agrícolas, para convertirse en zonas industriales. A pesar de ser un proyecto de energía limpia, los pobladores afirman que no generará beneficios locales, pues la electricidad se destinaría a zonas urbanas e industriales distantes, sin impacto positivo en las tarifas de las comunidades.
Uno de los aspectos más críticos es la remoción de vegetación nativa, especialmente del agave salmiana (maguey), planta esencial para la elaboración de pulque y parte fundamental de la identidad de los pueblos tlachiqueros. La pérdida de esta especie, advierten, afectaría oficios milenarios y empujaría a las nuevas generaciones a abandonar el campo.
Además, los opositores alertan sobre pérdidas irreversibles en biodiversidad y problemas hídricos: la compactación del suelo, la tala de especies silvestres y la alta demanda de agua para limpiar los paneles solares podrían agravar la sequía y dañar los ecosistemas. Citan el caso de Nopala de Villagrán, donde, tras la instalación de un parque solar, comenzaron a secarse presas y bordos.
La denuncia también apunta a una falta de consulta pública, violando los derechos de pueblos indígenas y ejidatarios establecidos en la legislación mexicana. Los acuerdos, afirman, se han realizado de forma opaca, sin asambleas legales ni documentos claros, con promesas incumplidas y presiones para firmar contratos en blanco. Esta situación ha generado división social, presencia policial intimidatoria y restricciones de acceso a tierras comunales.
Preocupa también el destino de las tierras tras la muerte de los propietarios, ya que los contratos de arrendamiento por 30 años podrían dejar a los herederos sin posibilidad de recuperar sus parcelas.
Desde la voz colectiva, la resistencia no solo es ambiental: “Nuestra lucha es por la vida, el agua y el maguey”, señalan los manifestantes. Advierten que, de seguir permitiéndose estos megaproyectos sin regulación ni consentimiento, se estaría condenando a la región a un futuro sin agua, sin biodiversidad y sin tradiciones.
Casos como los ocurridos en Tlaxcala, España y Australia, donde la fragmentación del hábitat obligó a costosos planes de mitigación o llevó a la cancelación de proyectos, refuerzan la urgencia de revisar los impactos de estos desarrollos antes de su autorización.
Las comunidades reiteran su llamado a las autoridades para detener la planta Akuwa Solar y garantizar procesos transparentes, justos y respetuosos con el medio ambiente y la cultura de los pueblos originarios de Hidalgo.