La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) manifestó este viernes su profunda preocupación ante las reformas legislativas que discute el Congreso mexicano en materia de seguridad, al considerar que podrían consolidar una indebida militarización de funciones civiles y vulnerar derechos fundamentales.
A través de una serie de publicaciones en su cuenta oficial de la red social X, la ONU-DH alertó que la nueva Ley de la Guardia Nacional otorgaría amplias facultades de investigación e inteligencia a los elementos de este cuerpo de seguridad sin establecer mecanismos de control democrático ni sistemas eficaces de rendición de cuentas.
“La seguridad pública debe ser una responsabilidad de las autoridades civiles, estar sujeta a controles democráticos, ser objeto de una amplia deliberación pública y realizarse con pleno respeto a los derechos humanos”, señaló el organismo.
El pronunciamiento también expresa inquietud por las disposiciones que permitirían al Ejército procesar información de inteligencia, lo que, según la ONU-DH, representa una amenaza al derecho a la privacidad contemplado en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las reformas en discusión incluyen modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. Diversos colectivos civiles, académicos y defensores de derechos humanos han advertido que estas iniciativas podrían legalizar prácticas de vigilancia sin orden judicial y extender el margen de acción de las Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a autoridades civiles.
Desde 2019, la Guardia Nacional ha estado bajo control operativo del Ejército, aunque mantiene formalmente un carácter civil. Sin embargo, las reformas podrían formalizar una tendencia creciente hacia la militarización de la seguridad pública en México, lo que ha sido motivo de críticas tanto nacionales como internacionales.
El llamado de la ONU-DH se suma a una presión global cada vez más intensa para que el Estado mexicano adopte políticas de seguridad acordes con los principios democráticos y los derechos fundamentales. Actualmente, las reformas se encuentran en revisión en el Senado, tras haber sido aprobadas por la Cámara de Diputados.