En México, 4 millones 180 mil hombres que son padres no viven con sus hijos ni participan en su crianza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra, que representa el 9.3% de los 21.2 millones de padres identificados en el país, se traduce en igual número de hogares encabezados por mujeres que asumen por completo las responsabilidades económicas y de cuidado infantil.
La situación evidencia un fuerte desequilibrio en la distribución de las labores domésticas y de crianza. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), siete de cada diez madres en esta condición buscan empleos con horarios flexibles que les permitan compatibilizar el trabajo remunerado con el cuidado de sus hijos. No obstante, estas oportunidades suelen encontrarse en sectores informales o precarios, con bajos ingresos y sin prestaciones laborales.
Mientras los hombres dedican en promedio 15.9 horas semanales al trabajo doméstico no remunerado, las mujeres destinan más del doble: 40 horas a la semana. Esta diferencia representa una carga equivalente a una jornada laboral adicional, sin retribución ni respaldo institucional.
A ello se suma la irregularidad en el cumplimiento de las pensiones alimentarias. Según el INEGI, en apenas el 42% de los divorcios donde se solicita pensión esta es concedida. Sin embargo, solo dos de cada diez mujeres consideran confiable dicho ingreso, debido a pagos intermitentes y montos insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los menores.
Para atender esta problemática, se creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), acompañado de la llamada Ley Sabina, publicada en 2023 en el Diario Oficial de la Federación. Esta legislación impone restricciones a los deudores alimentarios, como la imposibilidad de salir del país, realizar trámites oficiales, adquirir propiedades, ocupar cargos públicos o contraer matrimonio, hasta que regularicen sus pagos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado la constitucionalidad de estas medidas, al considerarlas proporcionales y no punitivas, orientadas a salvaguardar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir manutención de ambos padres.
Sin embargo, la aplicación de la Ley Sabina sigue siendo desigual. Algunas entidades aún no han armonizado su legislación local para implementar el REDAM, y otras carecen de registros activos de deudores. Mientras tanto, millones de mujeres continúan enfrentando solas la carga total de criar a sus hijos, en un contexto de desigualdad estructural que aún no encuentra respuesta efectiva.