En el marco del Día del Padre, colectivos feministas y madres autónomas denunciaron una crisis nacional por la creciente impunidad de deudores alimentarios, que se extiende incluso al interior del Poder Judicial, donde varios jueces con señalamientos por incumplimiento de pensión alimentaria han sido recientemente electos como magistrados.
Diana Luz Vázquez, activista e impulsora de la Ley Sabina —normativa que busca sancionar y prevenir el abandono económico paterno— alertó sobre una estructura institucional que “sigue protegiendo” a los deudores, mientras madres y niños enfrentan abandono económico y legal. “Parece que les están cuidando el prestigio a estos deudores, y a nosotras nos dejan solas”, reclamó.
De acuerdo con cifras oficiales, uno de cada tres hogares en México es sostenido por una madre que cría sola a sus hijos, muchas veces tras el abandono económico y emocional del padre. Esta situación afecta a más de 30 millones de niñas, niños y adolescentes, según estimaciones de las organizaciones convocantes.
Vázquez subrayó que el Registro Nacional de Deudores Alimentarios —clave para sancionar a quienes incumplen con sus responsabilidades— no está consolidado y carece de acceso público integral. Solo Oaxaca y Coahuila han publicado sus registros completos, mientras que la Ciudad de México ha anunciado que lo hará en los próximos días.
La activista denunció que el sistema judicial requiere una “sentencia firme” para destituir a funcionarios públicos deudores, lo cual se vuelve inalcanzable para muchas madres por los altos costos legales y trabas procesales. Esta situación ha permitido que personas con antecedentes de violencia vicaria y omisión alimentaria accedan a cargos de poder.
El caso más reciente involucra a varios magistrados recién electos, como Roberto Alejandro Pérez, quien asumirá un cargo penal en Veracruz pese a ser denunciado por incumplimiento alimentario; Mirsha Rodrigo León, magistrado civil electo en la Ciudad de México, señalado por encubrimiento en casos de violencia vicaria; y Juan Miguel Morales Monter, futuro magistrado familiar capitalino, acusado de revictimizar a una madre y retirarle la custodia de sus hijos.
El sábado, madres y activistas colocaron carteles con los nombres y rostros de estos funcionarios frente al Instituto Nacional Electoral (INE) y anunciaron una denuncia formal contra al menos diez de ellos.
En contraste con esta impunidad institucional, en Nuevo León y Ciudad de México han surgido iniciativas legislativas que buscan restringir el acceso a eventos masivos como partidos de fútbol y conciertos a quienes mantengan deudas alimentarias. “Si tienen recursos para ir al estadio, también los tienen para alimentar a sus hijos”, afirmó la diputada de Morena, Greta Barra, quien impulsa la medida.
No obstante, la propuesta enfrenta un obstáculo clave: en 28 estados del país aún no se ha creado un registro público y funcional de deudores alimentarios.
“Somos un país futbolero y prohibir la entrada a los estadios sería un mensaje claro de no tolerancia a estos señores”, sentenció Diana Luz Vázquez, quien reiteró que la elección de jueces deudores es una muestra de la corrupción y complicidad que sigue vulnerando los derechos de madres e infancias en México.