A cuatro años de su aprobación en el Congreso, la reforma que prohibió el outsourcing en México comienza a mostrar resultados positivos de gran calado, tanto en la vida de los trabajadores como en el mercado laboral formal. Desde su entrada en vigor en abril de 2021, millones de empleados han sido incorporados directamente por las empresas, lo que ha elevado sus salarios, ampliado sus prestaciones y fortalecido su seguridad social.
De acuerdo con un estudio del Buró Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), la eliminación de la subcontratación masiva provocó una caída significativa en el uso de esquemas de externalización, lo que obligó a las empresas a reconocer como propios a sus trabajadores. Como consecuencia, se registró un alza sustancial en los ingresos de los empleados, especialmente entre quienes antes ganaban menos, así como una mejora en el acceso a servicios de salud y reparto de utilidades.
“Las ganancias salariales no se dieron a costa del empleo ni de la productividad”, concluye el informe, desmintiendo los pronósticos de organismos empresariales como la Coparmex, que advertían de pérdidas masivas de trabajo. Por el contrario, los investigadores señalan que la reforma redistribuyó el poder en el mercado laboral, al limitar los abusos de empresas que, con esquemas opacos, pagaban por debajo del valor real de la productividad.
Según datos del Banco de México (Banxico), los trabajadores que pasaron de esquemas de outsourcing a contratos directos no sólo conservaron sus empleos en el sector formal, sino que también obtuvieron aumentos salariales de entre 3 y 4 %, dependiendo de factores como la edad, el género, la industria y la región del país.
La reforma permitió que la subcontratación solo se mantuviera para servicios especializados no vinculados con la actividad principal de las empresas, y bajo estrictas reglas. Las compañías proveedoras deben estar inscritas en un registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y demostrar cumplimiento fiscal y laboral. Este mecanismo ha permitido transparencia y control, señalan los expertos.
Aunque el estudio reconoce algunos efectos negativos —como una leve disminución en la inversión de capital y la salida de empresas pequeñas del mercado—, subraya que los beneficios superan con creces a los costos. La formalización del empleo ha sido clave para reducir la desigualdad salarial y fortalecer la seguridad social, en un país donde millones de trabajadores habían sido excluidos de estos derechos.
“Este caso demuestra que una regulación laboral cuidadosamente diseñada y aplicada puede mejorar significativamente las condiciones de vida sin dañar el empleo ni la economía”, concluyen los especialistas. En contraste con las políticas del pasado, agregan, la reforma representa una transformación estructural que devuelve dignidad y poder de negociación a los trabajadores mexicanos.