El Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta), que agrupa a Philip Morris México, British American Tobacco y Japan Tobacco International, expresó su “preocupación” por el proyecto del Gobierno federal que plantea un incremento superior al 30 % en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a cigarros y productos de nicotina a partir de 2026.
La iniciativa, presentada en el Congreso el pasado 8 de septiembre, contempla un aumento de 20 pesos por cajetilla y la elevación de la cuota específica de 0.6445 a 1.1584 pesos por cigarro a partir de 2030. Además, impone un nuevo gravamen del 200 % para productos de nicotina distintos al cigarro, como bolsas o dispositivos de consumo alternativo.
“Más mercado negro, menos recaudación”
Según Conainta, estas medidas incentivarán el comercio ilícito, aumentarán el riesgo de consumo en menores de edad, abrirán oportunidades de extorsión contra pequeños comercios y derivarán en una recaudación menor a la esperada.
La industria recordó que, pese a incrementos previos, la recaudación ha caído: el IEPS de tabacos labrados pasó de 50 mil 400 millones de pesos en 2023 a 46 mil 900 millones en 2024, una baja del 7 %.
Estudios del Instituto Nacional de Salud Pública confirman que el comercio ilícito de cigarros creció un 240 % entre 2017 y 2023, alcanzando ya el 20.4 % del mercado nacional. Conainta estima que, de aprobarse la reforma, el mercado ilegal podría expandirse hasta un 50 %, con pérdidas fiscales anuales de entre 13 mil y 15 mil millones de pesos, de acuerdo con la Concamin.
Riesgos sociales y seguridad
Un informe del Colegio de México (Colmex) titulado “Cigarros Ilegales y Crimen Organizado” advierte que el contrabando de tabaco se ha convertido en fuente de financiamiento de grupos delictivos, cuyos recursos son canalizados al narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, ampliando la amenaza a la seguridad nacional.
Alternativas y debate abierto
Conainta también criticó el impuesto del 200 % a productos de menor riesgo, como las bolsas de nicotina, que “al no generar combustión producen hasta 99 % menos sustancias tóxicas”. Según la industria, desincentivar estos productos limitaría la reducción del tabaquismo adulto, mientras que países como Suecia han reducido su tasa de fumadores al 5 % gracias a políticas que promueven alternativas.
La industria llamó al Congreso a abrir espacios de diálogo para lograr una “reforma fiscal equilibrada” que conjugue recaudación, salud pública y combate al comercio ilegal.