Las pifias durante la ceremonia del Grito de Independencia podrían tener consecuencias legales. La diputada del PRI, Abigail Arredondo Ramos, presentó una iniciativa para sancionar a funcionarios que, por nerviosismo, ignorancia o incluso estado de ebriedad, alteren o ridiculicen el acto cívico más importante de México.
“Es una vergüenza y por supuesto que deben de haber sanciones, amonestaciones y hasta quitarlos del cargo”, expresó la legisladora en conferencia de prensa, donde exhibió un video con ejemplos recientes de errores en distintas entidades.
Entre ellos, destacó el caso de Jesús Flores Mendoza, alcalde de Huatabampo, Sonora, quien el pasado 15 de septiembre gritó: “¡Viva el erótico pueblo de México!”, recibiendo un efusivo “¡Viva!” de los asistentes. También mencionó a Juan Carlos Hernández, edil de Escárcega, Campeche, que confundió a la heroína de la Independencia con un actor al gritar “¡Viva Josefa Ortiz de Pinedo!”.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, tampoco quedó fuera del material. Durante el Grito cometió dos errores: “¡Viva Leonario Vicario!” y posteriormente “¡Viva Guerrero y Victoria!”.
Arredondo Ramos advirtió que la ceremonia se ha convertido en una “burla nacional e internacional”, y subrayó que no puede ser objeto de ocurrencias, insultos o mensajes políticos. Su iniciativa contempla que los funcionarios únicamente mencionen a los héroes patrios tradicionalmente reconocidos —como Hidalgo, Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, Allende, los hermanos Aldama, Leona Vicario, Vicente Guerrero e Ignacio López Rayón— y concluyan con el clásico “¡Viva México!”.
La propuesta establece sanciones que van desde amonestaciones hasta multas que podrían alcanzar los 103 mil pesos, e incluso la remoción del cargo, con la Secretaría de Gobernación como autoridad facultada para aplicarlas.
“Si hay sanciones para cantantes que se equivocan al interpretar el Himno Nacional, con más razón debe haber para los funcionarios que desvirtúan la ceremonia”, puntualizó la legisladora, quien adelantó que buscará consensos en la Comisión de Gobernación y Población para que la reforma avance.