La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma electoral que propone cambios estructurales en el Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el financiamiento de los partidos políticos, con el objetivo de reducir costos, fortalecer la fiscalización y modernizar las reglas de las campañas.
El proyecto fue explicado públicamente por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y por Pablo Gómez, quien encabezó la comisión encargada de la consulta para su elaboración. La propuesta será enviada al Congreso, donde deberá ser discutida y, en su caso, aprobada mediante modificaciones constitucionales y legales.
Uno de los cambios más relevantes es la reducción del Senado de la República, que pasaría de 128 a 96 integrantes. El nuevo esquema contempla 64 senadores electos por mayoría relativa y 32 por primera minoría, eliminando los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, lo que implicaría la desaparición de las listas partidistas en esa Cámara.
En la Cámara de Diputados, el número total de legisladores se mantendría en 500, pero se modificaría el sistema de asignación. La iniciativa propone 300 diputados electos por distrito y 200 bajo un nuevo modelo proporcional, que incluiría 97 para candidatos que no ganaron su distrito pero obtuvieron alta votación, 95 por circunscripción directa y ocho representantes de mexicanos en el extranjero.
Otro eje central es el recorte del 25% al gasto electoral, lo que impactaría el presupuesto del INE, los Organismos Públicos Locales Electorales, el financiamiento de partidos y los tribunales electorales. De acuerdo con Pablo Gómez, el sistema electoral tuvo un costo de 61 mil millones de pesos en 2024, de los cuales 36 mil millones correspondieron a organismos federales y 25 mil millones a instancias locales.
La iniciativa también contempla reducir los salarios y bonos de consejeros y altos funcionarios del INE, en apego al artículo 127 constitucional, que establece que ningún servidor público puede percibir ingresos superiores al de la Presidencia de la República. Asimismo, busca eliminar duplicidades entre organismos electorales federales y locales.
En materia de fiscalización, se propone fortalecer las facultades del INE para supervisar las finanzas de partidos y candidatos, incluyendo acceso oportuno a sus operaciones financieras, la prohibición de aportaciones en efectivo y la obligación de que todos los recursos se manejen dentro del sistema bancario. Además, se plantea el uso de tecnologías para mejorar la vigilancia del gasto electoral.
La reforma también reduciría los tiempos oficiales en radio y televisión durante campañas, que pasarían de 48 a 35 minutos diarios, disminuyendo los espacios destinados a propaganda política.
Entre los cambios más debatidos se encuentra la eliminación de los Programas de Resultados Electorales Preliminares (PREP), ya que la iniciativa propone iniciar de inmediato los cómputos distritales al cierre de la votación, como ocurre actualmente en algunos procesos locales.
El proyecto incorpora además mecanismos obligatorios de democracia participativa, como referéndum, plebiscito, consulta popular y revocación de mandato en elecciones locales, así como la prohibición del nepotismo y la eliminación de la reelección a partir de 2030.
Finalmente, la iniciativa establece la regulación del uso de Inteligencia Artificial en propaganda electoral, obligando a identificar los contenidos generados mediante esta tecnología, con el fin de evitar manipación y garantizar transparencia para el electorado.
De aprobarse, la reforma implicaría una de las transformaciones más amplias del sistema electoral mexicano en las últimas décadas.