En el Senado de la República fue presentada una iniciativa que busca prohibir que empleadores exijan, de manera injustificada, la constancia o carta de no antecedentes penales como requisito para contratar o ascender a una persona, al considerar que esta práctica puede constituir un acto de discriminación laboral.
El proyecto, promovido por el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena, propone adicionar la fracción XVII Ter al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo para impedir que empleadores o sus representantes soliciten documentos que contengan información sobre antecedentes penales, salvo cuando la naturaleza de las funciones lo justifique plenamente.
La exposición de motivos señala que, tanto en el ámbito público como privado, la constancia de no antecedentes penales se ha convertido en un filtro frecuente en procesos de reclutamiento, lo que puede restringir oportunidades y vulnerar la dignidad de las personas.
Desde 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que exigir este documento sin justificación puede constituir un acto discriminatorio, al limitar el acceso al empleo en condiciones de igualdad. En la misma línea, la Universidad Nacional Autónoma de México ha señalado que esta práctica excluye a determinados grupos y desplaza a sectores vulnerables hacia empleos informales o precarios.
El legislador argumenta que la Constitución prohíbe la discriminación y garantiza la libertad de dedicarse a la profesión, industria o actividad que se desee, por lo que cualquier restricción para acceder a un trabajo debe estar debidamente justificada. Asimismo, recordó que el artículo 18 constitucional establece la reinserción social como un mandato del Estado, el cual puede verse obstaculizado por barreras laborales como la exigencia generalizada de antecedentes penales.
La iniciativa también cita el artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que la reinserción social debe sustentarse en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación y la capacitación, entre otros ejes. Sin embargo, en la práctica, las personas con antecedentes enfrentan estigmatización y obstáculos para integrarse al mercado laboral.
El planteamiento recuerda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el hecho de tener o no antecedentes penales no constituye una base objetiva para determinar la rectitud o probidad de una persona respecto a un empleo, particularmente cuando no se distingue entre delitos dolosos o culposos ni se precisa si existen sentencias firmes.
Además, el senador subrayó que la reforma se alinea con el capítulo laboral del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que establece la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, y fortalecería la capacidad del Estado para supervisar y sancionar prácticas discriminatorias en los procesos de contratación.
De aprobarse, la modificación convertiría en regla verificable lo que hoy suele considerarse un criterio empresarial interno, con el objetivo de garantizar estándares laborales más inclusivos y proteger el derecho al trabajo, especialmente para quienes han cumplido una pena y buscan una segunda oportunidad.