El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la integración de un comité para evaluar el uso del fracturamiento hidráulico en México reactivó una de las discusiones más sensibles en materia energética y ambiental del país: permitir o prohibir el uso del llamado fracking.
Durante una mesa de análisis en el programa Aristegui en Vivo, especialistas expusieron posturas encontradas sobre la viabilidad técnica, económica y ecológica de esta práctica utilizada para extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
Alma América Porres Luna, excomisionada de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, explicó que el fracking consiste en fracturar formaciones rocosas de baja permeabilidad para permitir la salida de hidrocarburos hacia la superficie.
Detalló que la técnica emplea perforaciones horizontales y multifracturamiento, y sostuvo que el debate debe sustentarse en información técnica y no solo en percepciones. Según expuso, las nuevas tecnologías han reducido el uso de agua potable y actualmente se recurre a agua tratada, con tasas de recuperación y reutilización de entre 60 y 80 por ciento.
Sobre la posibilidad de contaminación de acuíferos, afirmó que, bajo estándares adecuados, el riesgo es reducido debido a la diferencia de profundidad entre los mantos acuíferos y los yacimientos explotados.
Porres Luna añadió que el desarrollo del gas de lutita podría ayudar a disminuir la dependencia energética de México, que actualmente importa una alta proporción de gas natural, además de fortalecer sectores industriales como la petroquímica.
En contraste, Manuel Llano Vázquez Prada, director de CartoCrítica, advirtió que los principales problemas del fracking no están en su definición técnica, sino en las consecuencias que genera en el entorno.
Señaló que cada pozo puede requerir millones de litros de agua y que la intensificación de la técnica incrementa riesgos operativos. Entre ellos mencionó fugas tempranas, emisiones contaminantes y posibles afectaciones a cuerpos de agua y comunidades cercanas.
También cuestionó la disponibilidad hídrica en regiones con potencial de explotación, particularmente en el norte del país, donde el estrés hídrico se ha convertido en uno de los principales desafíos estructurales.
Llano Vázquez Prada se pronunció por una prohibición formal del fracking en México y recordó que diversos países y entidades subnacionales han restringido esta práctica por sus impactos ambientales.
Además, subrayó que cualquier decisión debe incorporar la opinión de comunidades locales y pueblos asentados en territorios con reservas potenciales, algunos de los cuales ya se han declarado libres de fracking.
Con la instalación del comité anunciado por el gobierno federal, México abre una nueva etapa de análisis sobre una técnica que divide al sector energético. Mientras unos la consideran una herramienta para garantizar suministro y competitividad, otros la ven incompatible con la agenda ambiental y el derecho al agua.
El futuro del fracking en el país dependerá ahora de una evaluación que deberá equilibrar seguridad energética, sostenibilidad y consenso social.