La Arquidiócesis Primada de México criticó este domingo la iniciativa presentada en el Senado de la República para redefinir el concepto de “muerte digna” y avanzar hacia la legalización de la eutanasia en México.
A través de su editorial en el semanario Desde la Fe, la Iglesia católica mexicana sostuvo que la propuesta pretende aceptar que provocar la muerte de una persona con enfermedad terminal o degenerativa puede considerarse parte de su dignidad, postura que calificó como errónea.
El órgano religioso argumentó que toda vida humana posee dignidad por sí misma, independientemente de las condiciones de sufrimiento o enfermedad que atraviese una persona, por lo que señaló que el objetivo social debería centrarse en garantizar una vida digna y no una “muerte digna”.
La iniciativa denominada “Ley Trasciende” es promovida por la activista y paciente con enfermedad terminal Samara Martínez, quien busca despenalizar la ayuda médica para morir dignamente en casos de padecimientos irreversibles.
El debate ha cobrado relevancia en el Senado, donde se prevé la realización de encuentros públicos y mesas especializadas para analizar los aspectos médicos, jurídicos y sociales de la propuesta, así como la perspectiva de pacientes y cuidadores.
La Iglesia recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el concepto de muerte digna no necesariamente implica eutanasia o suicidio asistido, sino el llamado “bien morir”, entendido como una atención integral y sin sufrimiento en la etapa final de la vida.
Asimismo, citó pronunciamientos de la Comisión Nacional de Bioética, que señalan que el bien morir requiere acompañamiento médico y acceso efectivo a cuidados paliativos para aliviar el dolor físico y emocional de los pacientes terminales.
De acuerdo con cifras de 2023, únicamente el 5% de los pacientes terminales en México tiene acceso a cuidados paliativos, uno de los principales rezagos señalados en la discusión pública.
Actualmente, 20 de las 32 entidades del país cuentan con leyes de voluntad anticipada, figura jurídica también conocida como eutanasia pasiva, que permite a las personas rechazar tratamientos médicos extraordinarios en etapas críticas de salud.
La discusión legislativa continuará en las próximas semanas, en un tema que enfrenta visiones éticas, médicas, religiosas y de derechos humanos sobre el final de la vida.