La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a reactivar el debate público sobre la eutanasia y la muerte asistida en el país, al considerar que se trata de un tema complejo que debe analizarse con apertura, pluralidad y participación social.
Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que la discusión no debe limitarse a una iniciativa del Ejecutivo ni a un solo sector, sino abrirse a toda la ciudadanía. “Es un tema complejo, que tiene que discutirse socialmente, más allá de una propuesta de la presidenta o no”, afirmó.
El pronunciamiento ocurre luego de que el Senado de la República realizara un foro para analizar la posibilidad de reconocer la muerte digna como un derecho humano dentro del marco legal mexicano, lo que marca el inicio de un proceso legislativo que busca incorporar diversas voces.
Sheinbaum enfatizó que el Congreso debe ser el espacio donde se escuchen todas las posturas, tanto de quienes respaldan la eutanasia como de quienes la rechazan, garantizando un diálogo respetuoso e incluyente. Asimismo, reconoció el derecho de pacientes, familias y colectivos a solicitar que el tema sea retomado, especialmente en contextos de enfermedades graves o terminales.
En este contexto, el Senado analizó la iniciativa denominada “Ley Trasciende por una Muerte Digna”, que propone permitir, bajo estrictos requisitos médicos y éticos, el acceso a la eutanasia para personas con padecimientos irreversibles, complementando los cuidados paliativos ya existentes.
El debate legislativo se fortaleció tras el foro “Ley Trasciende: el camino hacia el derecho a la muerte digna”, en el que participaron especialistas, legisladores, activistas y pacientes. Durante el encuentro se destacó que más de 128 mil ciudadanos y cerca de dos mil profesionales de la salud respaldan la propuesta, lo que evidencia una demanda social en crecimiento.
El senador Emmanuel Reyes Carmona señaló que México enfrenta una oportunidad histórica para legislar en la materia, al tiempo que estudios presentados indican que más del 70% de la población apoya avanzar en la regulación de la muerte digna.
La propuesta establece que los pacientes interesados deberán presentar una solicitud expresa, con el respaldo de sus familiares, y que cada caso será evaluado por comités éticos y de bioética para garantizar el cumplimiento de los criterios establecidos.
El tema ha generado opiniones encontradas en distintos sectores de la sociedad. Mientras algunos grupos promueven la legalización de la muerte asistida como un derecho humano y una opción digna ante el sufrimiento, otros manifiestan preocupaciones éticas, religiosas y médicas.
Ante este panorama, la presidenta reiteró que no existe una única respuesta y que el país debe avanzar hacia un debate informado, abierto y respetuoso, donde todas las posturas sean consideradas en el proceso legislativo.