El colectivo ProCienciaMx advirtió que México enfrenta un debilitamiento progresivo de sus capacidades científicas, tecnológicas y de innovación debido a la insuficiente inversión pública, deficiencias legislativas y crecientes obstáculos burocráticos que afectan al sector académico y de investigación.
En un posicionamiento público, la organización señaló que el país está lejos de consolidarse como una potencia científica mundial, en un contexto internacional donde las economías basadas en el conocimiento demandan cada vez mayores capacidades de investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento especializado.
“El país muestra señales preocupantes de debilitamiento estructural en la formación de científicos, humanistas y tecnólogos”, alertó el colectivo, integrado por especialistas de diversas instituciones de educación superior y centros de investigación nacionales.
De acuerdo con el documento, México destina actualmente entre el 0.28% y el 0.31% del Producto Interno Bruto (PIB) al gasto en investigación y desarrollo experimental, cifra considerablemente inferior al promedio mundial estimado en 2%.
La agrupación sostuvo que este nivel de financiamiento no solo ha disminuido respecto a los niveles registrados a mediados de la década pasada, sino que además limita la capacidad de las universidades y centros públicos para desarrollar proyectos científicos, generar patentes y fortalecer vínculos con el sector productivo.
Entre los problemas más urgentes identificados por ProCienciaMx destaca la precarización laboral en instituciones académicas y centros de investigación, reflejada en contrataciones temporales, retrasos en pagos de estímulos y falta de oportunidades para jóvenes investigadores.
Asimismo, denunció el cierre de programas académicos, restricciones para acceder a bibliografía especializada, dificultades para realizar estancias internacionales y una creciente falta de apoyos para participar en proyectos globales de investigación.
Otro de los focos de preocupación es el deterioro de la infraestructura científica nacional. El colectivo señaló que muchas instituciones enfrentan imposibilidad para renovar laboratorios, adquirir equipo tecnológico o dar mantenimiento a instalaciones especializadas, lo que ha provocado obsolescencia de herramientas de trabajo y rezago en capacidades de cómputo.
La organización también criticó la complejidad administrativa para ejercer recursos y los obstáculos burocráticos para importar materiales e insumos científicos.
En materia legal, ProCienciaMx advirtió que los cambios normativos impulsados entre 2018 y 2024 han generado incertidumbre jurídica, tensiones regulatorias y afectaciones a la libertad académica derivadas de la implementación de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Según el colectivo, existe baja participación de la comunidad científica en la elaboración de políticas públicas y persisten condiciones de trato desigual hacia investigadores y estudiantes de universidades privadas.
Además, alertó sobre la desaparición de incentivos para que la iniciativa privada participe en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.
Frente a este panorama, la agrupación propuso tres medidas prioritarias para revertir el deterioro del sector: incrementar gradualmente la inversión pública en ciencia hasta alcanzar al menos el 0.5% del PIB, reconocer a la investigación científica como una inversión estratégica para el desarrollo nacional y garantizar una participación efectiva de la comunidad académica en el diseño de políticas públicas y en la elaboración de una nueva legislación científica.
El colectivo sostuvo que atender estas propuestas permitiría recuperar capacidades perdidas, fortalecer la innovación y consolidar una estrategia de desarrollo económico y tecnológico de largo plazo para el país.
El Grupo de Coordinación de ProCienciaMx está conformado por investigadores y especialistas de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de la Frontera Norte y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras instituciones académicas y científicas del país.