El gobierno federal evalúa otorgar una prórroga al registro obligatorio de líneas celulares en México, pese a que las autoridades regulatorias habían reiterado que el próximo 30 de junio era una fecha definitiva e inamovible para completar el proceso de vinculación de números telefónicos con la Clave Única de Registro de Población (CURP).
La posible ampliación del plazo surge ante el lento avance del padrón nacional de usuarios móviles, que hasta finales de mayo apenas había logrado registrar poco más de una tercera parte de las líneas activas del país.
De acuerdo con información difundida por El Sol de México, una fuente cercana a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que las autoridades ya analizan extender la fecha límite para evitar la suspensión masiva de servicios celulares que, bajo las reglas vigentes, comenzaría a partir del 1 de julio para quienes no hayan completado el trámite.
Las cifras reflejan la magnitud del desafío. Según datos de la CRT, al 31 de mayo se habían registrado 52.3 millones de líneas móviles, equivalentes al 36.2 por ciento del total nacional. Esto significa que más de 90 millones de líneas permanecen pendientes de incorporarse al padrón.
Para alcanzar la meta dentro del calendario original, sería necesario registrar cerca de 3.9 millones de líneas cada día durante junio, una cifra que especialistas consideran prácticamente inalcanzable dadas las condiciones actuales.
La situación contrasta con las declaraciones realizadas meses atrás por la presidenta de la CRT, Norma Solano, quien aseguró que no habría ampliaciones y que el 30 de junio representaba la fecha definitiva para concluir el proceso.
Pese a las versiones sobre una eventual prórroga, la postura oficial del regulador continúa siendo la misma. La directora general de Supervisión de Cumplimiento de la CRT, Lourdes Santaolalla, reiteró que las disposiciones vigentes establecen el 30 de junio como fecha límite y que las líneas no registradas serían suspendidas para recibir llamadas, conservando únicamente acceso a servicios de emergencia, incluido el 911.
Las autoridades han señalado que los usuarios que resulten suspendidos podrán recuperar el servicio una vez que concluyan el trámite correspondiente. Sin embargo, fuentes cercanas al organismo regulador reconocen que desconectar simultáneamente a millones de usuarios podría generar consecuencias económicas y sociales de gran alcance.
La preocupación también ha sido expresada por representantes de la industria de las telecomunicaciones. La organización GSMA, que agrupa a empresas del sector móvil a nivel internacional, había solicitado previamente revisar los plazos del programa al considerar que la dimensión territorial y demográfica de México dificulta completar el registro en los tiempos establecidos.
A estas advertencias se suman los análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), que ha alertado sobre posibles efectos sistémicos en la economía nacional en caso de una desconexión masiva.
Su director general, Ernesto Piedras, ha señalado que el impacto no se limitaría a las telecomunicaciones. Millones de usuarios podrían enfrentar problemas para acceder a servicios bancarios, aplicaciones de transporte, plataformas de entrega a domicilio y otros sistemas digitales que utilizan los números telefónicos como mecanismo de autenticación y seguridad.
Otro de los principales obstáculos identificados es la falta de confianza de los ciudadanos. Estudios de The CIU indican que siete de cada diez personas que aún no registran su línea señalan preocupaciones relacionadas con la protección de datos personales como la principal razón para no completar el proceso.
Las dudas se han visto alimentadas por reportes de fallas técnicas en las plataformas de registro, dificultades operativas y cuestionamientos sobre el manejo de la información personal recopilada durante el procedimiento.
Mientras tanto, el reloj avanza hacia la fecha límite oficial. Con apenas poco más de un tercio de las líneas registradas y millones de usuarios aún fuera del padrón, el gobierno enfrenta una decisión compleja: mantener el calendario original y asumir las consecuencias de una suspensión masiva o conceder más tiempo para completar uno de los proyectos regulatorios más ambiciosos en la historia reciente de la telefonía móvil en México.