La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó 21 denuncias penales por un presunto daño al erario superior a los 600 millones de pesos, como resultado de las auditorías practicadas a las cuentas públicas correspondientes al periodo de 2020 a 2024.
Las denuncias, interpuestas el pasado 26 de junio, representan las primeras acciones penales promovidas durante la gestión del auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel, quien asumió el cargo a principios de marzo tras ser designado por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la información dada a conocer por la ASF, los recursos legales involucran a diversas instituciones de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como a una universidad pública, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Entre las dependencias federales señaladas se encuentran la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que concentra tres denuncias penales, y Talleres Gráficos de México, con un procedimiento.
En el ámbito estatal y municipal, las denuncias alcanzan al gobierno de Nayarit, con cinco recursos; a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; a los municipios de Valle de Bravo y Donato Guerra, en el Estado de México; Alvarado, en Veracruz, con cinco denuncias; Matehuala, en San Luis Potosí, y Maravatío, en Michoacán.
Al explicar la estrategia del órgano fiscalizador, Hernández Palacios señaló que la Auditoría ya no esperará a que concluyan por completo los procesos de fiscalización para promover acciones penales cuando detecte posibles ilícitos.
«Ya no tenemos que esperar a que acabe un proceso de fiscalización para presentar una denuncia en varios años cuando ya nadie se acuerde ni siquiera qué pasó. Ahora lo que decimos es: en el momento que nos damos cuenta, vamos y la presentamos», declaró el auditor superior ante representantes de los medios de comunicación.
Añadió que las denuncias se presentan inicialmente contra las entidades donde se detectan las presuntas irregularidades y que será la Fiscalía General de la República (FGR), mediante las investigaciones correspondientes, la encargada de identificar y determinar la responsabilidad de los servidores públicos involucrados.
«Será la Fiscalía General de la República que, a través de sus investigaciones, determine quiénes fueron estos funcionarios que pueden ir a la cárcel por uno de estos delitos», afirmó.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el titular de la ASF informó además que fueron turnados 30 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas graves ante la autoridad sustanciadora.
Estos expedientes derivan de posibles casos de colusión y contratación indebida detectados en procedimientos de contratación pública durante las auditorías realizadas por el organismo.
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación faculta a la Auditoría Superior de la Federación para presentar denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción cuando existan indicios de probables delitos relacionados con el manejo de recursos públicos.
Asimismo, la legislación establece que la ASF debe colaborar con la autoridad ministerial durante las etapas de investigación y judicialización de los casos derivados de sus auditorías, con el propósito de fortalecer el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público.