La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) propuso modificar el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje para impedir la expedición y renovación del pasaporte a personas inscritas como deudoras alimentarias morosas.
La medida forma parte de un anteproyecto de reforma que la Cancillería sometió a consulta pública y que plantea incorporar como nuevo impedimento administrativo la inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA).
De aprobarse, antes de expedir o renovar un pasaporte, la autoridad podría consultar el registro para determinar si la persona mantiene adeudos por pensión alimenticia.
El cambio se incorporaría al artículo 46 del reglamento y establecería como impedimento para obtener el documento encontrarse registrado como persona deudora alimentaria en el RNOA, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades competentes.
La restricción dejaría de aplicarse cuando la persona cumpla con el pago de la pensión alimenticia y sea retirada del registro.
Sin embargo, la propuesta todavía no constituye una medida vigente. La SRE aún debe concluir el proceso correspondiente, por lo que no implica la cancelación automática de los pasaportes que ya fueron expedidos. Los documentos actualmente vigentes conservarían su validez hasta la fecha de vencimiento señalada.
El RNOA surgió a partir de una reforma de 2023 a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de concentrar información sobre personas deudoras y acreedoras de obligaciones alimentarias y facilitar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con información obtenida mediante mecanismos de transparencia, el registro contabiliza 6 mil 318 personas deudoras alimentarias en el país. El Estado de México concentra la mayor cantidad, con mil 758 casos, seguido de Aguascalientes, con mil 285, y Michoacán, con 714. La Ciudad de México registra 101 casos.
La legislación establece además que la inscripción en el RNOA puede generar consecuencias administrativas y que, para determinados trámites, las autoridades pueden solicitar un certificado que acredite que una persona no se encuentra registrada.
Entre los procedimientos que pueden involucrar esta certificación están algunas licencias y permisos para conducir, trámites notariales y requisitos relacionados con candidaturas a cargos de elección popular.
La reforma también busca simplificar el trámite
El anteproyecto de la SRE contempla más de 25 modificaciones al Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, además de la propuesta relacionada con los deudores alimentarios.
Uno de los principales cambios sería reducir la presentación de documentos impresos. En el caso de actas de nacimiento, matrimonio o defunción, el personal de la Cancillería tendría que consultar primero sus propias bases de datos y las de otras autoridades para verificar la información.
Los documentos originales únicamente serían solicitados cuando los datos no pudieran ser localizados mediante esas consultas.
La propuesta también contempla eliminar algunos requisitos adicionales para las personas cuyo nacimiento fue registrado después de los tres años de edad, entre ellos documentos como el certificado de primaria y el acta de matrimonio de los padres o tutores.
Otro de los cambios planteados consiste en reconocer la CURP biométrica como identificación válida para realizar el trámite del pasaporte, tanto para personas adultas como para niñas, niños y adolescentes.
De esta manera, el anteproyecto busca combinar nuevas restricciones administrativas para quienes incumplan obligaciones alimentarias con una simplificación de los requisitos para el resto de los solicitantes.