El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente en materia ambiental al ordenar una revisión de las protecciones federales del lobo mexicano, una subespecie que estuvo al borde de la extinción y que fue reintroducida en Arizona y Nuevo México como parte de un programa de conservación coordinado con México.
Durante una reunión con productores en la Casa Blanca, celebrada el 4 de septiembre, Trump cuestionó si los ganaderos podían disparar contra los lobos de manera inmediata. Sin embargo, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, reconoció que todavía debe cumplirse un procedimiento encabezado por el Departamento del Interior.
La orden ejecutiva Supporting America’s Ranchers establece un plazo de 90 días para que el secretario del Interior, Doug Burgum, determine si el lobo gris y el lobo mexicano cumplen con los criterios para reducir o retirar su protección bajo la Ley de Especies en Peligro de Extinción.
Por ello, la medida no autoriza actualmente a los ganaderos a matar lobos mexicanos de manera indiscriminada. La especie permanece bajo protección federal y abatir un ejemplar sin la autorización correspondiente puede constituir un delito.
El objetivo de la administración Trump es facilitar, eventualmente, la eliminación de ejemplares considerados responsables de ataques al ganado y atender las demandas de productores del oeste estadounidense, en un contexto marcado por la reducción del hato bovino, el incremento de los costos de producción y los elevados precios de la carne.
¿Qué podría cambiar para los ganaderos?
La orden instruye a los departamentos del Interior y Agricultura a revisar las reglas utilizadas para autorizar controles letales y mejorar la respuesta ante amenazas contra personas y animales domésticos.
Entre las medidas contempladas se encuentran revisar los criterios para eliminar ejemplares, fortalecer las investigaciones de ataques al ganado, agilizar la respuesta ante emergencias y evaluar los programas de indemnización para productores.
También se plantea impulsar modificaciones en las protecciones estatales y preparar una recomendación legislativa para el Congreso.
Actualmente, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos permite la eliminación de determinados ejemplares bajo circunstancias específicas. Para ello deben investigarse los ataques, comprobarse la depredación y valorar el riesgo de que continúe, además de recurrir, cuando sea posible, a medidas preventivas.
La orden de Trump podría modificar estos criterios, pero no elimina por sí misma las restricciones federales vigentes.
Una población que apenas se recupera
El lobo mexicano, cuyo nombre científico es Canis lupus baileyi, es la subespecie de lobo gris más pequeña de Norteamérica. Las campañas de exterminio vinculadas principalmente con conflictos ganaderos redujeron drásticamente su población hasta llevarla cerca de la desaparición.
El programa de reproducción en cautiverio comenzó con siete ejemplares fundadores. Posteriormente, en 1998, Estados Unidos inició la reintroducción de la subespecie en Arizona y Nuevo México.
El conteo de invierno de 2025 registró al menos 317 lobos mexicanos en estado silvestre, de acuerdo con el Departamento de Caza y Pesca de Arizona.
Sin embargo, esa cifra todavía no significa que se hayan cumplido los objetivos establecidos para retirar las protecciones. El plan de recuperación contempla mantener promedios poblacionales durante varios años, garantizar el crecimiento de la especie, conservar su diversidad genética y contar con dos poblaciones viables.
Los objetivos establecen que Estados Unidos debe mantener un promedio mínimo de 320 lobos durante ocho años, mientras que México debe alcanzar un promedio de 200 ejemplares durante el mismo periodo.
Ataques al ganado, el principal argumento
Cuando un productor denuncia que un lobo atacó a su ganado, Wildlife Services, organismo dependiente del Departamento de Agricultura, investiga el caso. Si la depredación es confirmada, el productor puede solicitar una indemnización.
Los programas existentes también incluyen medidas como vigilancia de rebaños, retiro de cadáveres, seguimiento mediante telemetría y métodos para ahuyentar a los animales.
La eliminación letal es considerada actualmente un recurso excepcional y dirigido contra ejemplares vinculados con ataques comprobados. Una eventual flexibilización de estas reglas podría ampliar las posibilidades de intervención, aunque no significaría automáticamente que cualquier ganadero pueda disparar contra un lobo mexicano.
Organizaciones ambientalistas han advertido que un aumento de la mortalidad podría afectar a ejemplares reproductores y reducir la diversidad genética de una población que todavía se encuentra en recuperación.
El Centro para la Diversidad Biológica incluso anticipó posibles acciones legales si la administración estadounidense decide retirar las protecciones sin suficiente sustento científico.