El Gobierno de Guerrero advirtió que aplicará la Ley Antirrapiña contra las personas que aprovechen situaciones de emergencia, como el paso de huracanes y otros fenómenos naturales, para robar mercancías, ingresar a viviendas y sustraer pertenencias o apoderarse de bienes ajenos.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 12 años de prisión, dependiendo de las agravantes y de los delitos que se acrediten en cada caso, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.
La reforma al Código Penal de Guerrero fue publicada en el Periódico Oficial del estado el 6 de junio de 2025, mediante el Decreto 227, que incorporó los artículos 224 Bis y 227 Bis para establecer disposiciones relacionadas con estas conductas.
La medida busca castigar a quienes se aprovechen de la confusión, la desprotección y las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las comunidades durante una contingencia.
Entre las conductas que pueden ser investigadas se encuentran el robo de mercancías en establecimientos comerciales durante una emergencia, el ingreso a viviendas para sustraer objetos de valor y el aprovechamiento de inmuebles que quedaron desprotegidos tras el impacto de un fenómeno natural.
Las autoridades precisaron que la responsabilidad penal y la sanción correspondiente dependerán de las circunstancias de cada hecho, así como de la clasificación jurídica de los delitos cometidos.
Las penas pueden incluir prisión y multas
De acuerdo con la información atribuida a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, las penas por estos delitos pueden ir de seis a 12 años de prisión, según las agravantes aplicables o la concurrencia con otros ilícitos, como el robo calificado.
Además de la privación de la libertad, las sanciones pueden incluir multas de hasta 600 días, conforme a las disposiciones aplicables.
La penalidad también puede incrementarse cuando una persona dirige o encabeza la acción delictiva. En ese supuesto, se contempla un aumento de hasta la mitad de la sanción, sujeto a las condiciones previstas en la legislación.
Servidores públicos también pueden ser sancionados
La legislación contempla consecuencias adicionales cuando las personas responsables son servidoras públicas. Además de las sanciones penales y económicas que correspondan, pueden enfrentar la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar funciones públicas por un periodo relacionado con la pena de prisión, conforme a las disposiciones aplicables.
El Gobierno estatal llamó a la población a respetar el patrimonio de otras personas y denunciar cualquier conducta ilícita ante las autoridades correspondientes.
La difusión de la Ley Antirrapiña cobra relevancia ante las condiciones climáticas que enfrenta Guerrero y el riesgo de que algunas personas aprovechen las afectaciones provocadas por fenómenos naturales para cometer delitos.
Las autoridades subrayaron que ninguna emergencia justifica el robo o el abuso contra la población damnificada, por lo que exhortaron a proteger las viviendas, los comercios y los bienes de las comunidades afectadas.