El acoso sexual, la discriminación y la precariedad laboral continúan siendo obstáculos para las mujeres periodistas en México. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 72% de 392 periodistas encuestadas en 2019 había vivido o enfrentaba una situación de acoso sexual en su lugar de trabajo.
Las agresiones, según el documento, provenían de colegas, incluidos superiores jerárquicos y compañeros de las mismas redacciones o de otros medios de comunicación.
El informe recuerda que, en 2019, periodistas mexicanas recurrieron a la etiqueta #MeTooPeriodistasMexicanos en redes sociales para compartir testimonios sobre el acoso dentro de sus espacios laborales. Entre las conductas denunciadas se encontraban tocamientos sin consentimiento, intentos de besos, mensajes de contenido sexual y ofrecimientos de apoyo profesional a cambio de relaciones sexuales.
La CIDH advierte que las propias redacciones pueden convertirse en espacios de vulnerabilidad para las mujeres que ejercen el periodismo, especialmente cuando no existen mecanismos institucionales efectivos para prevenir y atender las agresiones.
Falta de protocolos desalienta las denuncias
Los resultados de la encuesta evidencian deficiencias en las medidas de prevención y atención dentro de las empresas periodísticas. El 76% de las participantes afirmó que en su medio no existían campañas, cursos o acciones de sensibilización sobre hostigamiento y acoso sexual, mientras que el 56% señaló la ausencia de mecanismos o protocolos especializados para presentar quejas.
Además, únicamente el 18% de quienes experimentaron acoso, hostigamiento o agresiones sexuales presentó una denuncia interna. Entre quienes sí lo hicieron, el 64% aseguró que la empresa no tomó medidas o que las acciones implementadas fueron insuficientes o ineficaces.
La falta de respuestas institucionales contribuye a que las víctimas desistan de denunciar y permanezcan expuestas a situaciones de violencia.
La violencia afecta el desarrollo profesional de las periodistas
Las consecuencias también se reflejan en las trayectorias laborales. Otro sondeo realizado en 2019, con la participación de 284 periodistas mexicanas, reveló que el 61% consideraba que la violencia afectaba su desempeño profesional.
Algunas participantes relataron que tuvieron que renunciar a sus empleos o reducir su visibilidad dentro de las redacciones para evitar situaciones de acoso.
La CIDH considera que estas prácticas no solo vulneran el derecho de las mujeres a trabajar en un entorno libre de violencia, sino que también representan una amenaza para la libertad de expresión, al limitar su participación y desarrollo dentro de los medios de comunicación.
A estas condiciones se suma la inestabilidad económica. El informe señala que muchas periodistas perciben ingresos insuficientes para cubrir sus gastos, por lo que necesitan desempeñar otros trabajos. La carga se incrementa por las labores domésticas y de cuidados no remuneradas, que afectan su bienestar y vida personal. También se documentan denuncias de brecha salarial por razones de género.
Las mujeres siguen teniendo menor presencia en puestos directivos
La desigualdad también se manifiesta en el acceso a posiciones de liderazgo. Datos de la colectiva Periodistas Unidas Mexicanas indican que, en 2019, el 47% de las 392 mujeres encuestadas declaró no tener ni haber tenido personal a su cargo.
En una revisión realizada en 2020 a 22 medios impresos y digitales, solo cuatro contaban con paridad o mayoría de mujeres en puestos directivos o de coordinación, mientras que en dos no había ninguna mujer en esas posiciones.
De los 280 cargos jerárquicos analizados, apenas el 22% estaba ocupado por mujeres, una proporción que refleja las barreras que persisten para acceder a espacios de decisión dentro de la industria periodística.
La CIDH propone medidas para transformar las redacciones
Ante este panorama, la Relatoría de la CIDH plantea que las empresas periodísticas adopten políticas internas contra la violencia y la discriminación de género, con objetivos, acciones y plazos definidos, elaborados con la participación de las trabajadoras.
Entre las recomendaciones destacan establecer protocolos de denuncia imparciales y confidenciales, proteger a las víctimas frente a represalias, aplicar una política de cero tolerancia al acoso y crear áreas especializadas para atender las quejas.
También propone implementar criterios objetivos para las contrataciones y promociones, impulsar programas de liderazgo para mujeres, garantizar la igualdad salarial y establecer políticas de cuidados que incluyan guarderías, lactarios, licencias, horarios flexibles y teletrabajo.
El organismo subraya la importancia de capacitar a todo el personal, incluidos los directivos, y realizar auditorías periódicas con perspectiva de género. Asimismo, recomienda considerar las condiciones particulares de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y de la comunidad LGBTI.
El problema trasciende las fronteras mexicanas. El informe señala que el 60% de las periodistas encuestadas en Colombia denunció violencia de género en el trabajo, mientras que en Brasil el 87% reportó al menos una situación de discriminación por motivos de género.
La CIDH concluye que, pese a los avances en materia de igualdad, numerosas redacciones de la región siguen enfrentando prácticas de violencia y discriminación que se normalizan y desalientan las denuncias. El organismo plantea que garantizar espacios laborales seguros y condiciones equitativas es fundamental para proteger los derechos de las periodistas y fortalecer la libertad de expresión.