La Cámara de Diputados prevé debatir una reforma sanitaria que busca garantizar que los pacientes con cáncer inicien su tratamiento en un plazo máximo de 60 días en instituciones públicas, además de fortalecer el registro nacional de la enfermedad y asegurar la continuidad de la atención médica.
La iniciativa, promovida por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic), una alianza integrada por 38 organizaciones civiles, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, informó a la agencia EFE que la propuesta podría llegar al pleno a partir del 15 de noviembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, previsto para mediados de diciembre.
Uno de los principales objetivos de la reforma es transformar el Registro Nacional de Cáncer en una herramienta obligatoria de interés público que permita reunir información sobre pacientes, diagnósticos y tratamientos, con el propósito de orientar las decisiones y políticas sanitarias.
Zenteno explicó que la intención es avanzar hacia un programa nacional de atención y control de la enfermedad, con información suficiente para identificar necesidades y mejorar la respuesta del sistema de salud. El legislador también defendió la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios médicos al señalar que la salud debe entenderse como un derecho y no como una mercancía.
Buscan evitar retrasos e interrupciones en los tratamientos
La vocera de la Caic, Elisa Puente, explicó que la propuesta contempla mecanismos para que los pacientes puedan ser remitidos a otra unidad médica cuando el hospital al que acuden no tenga capacidad para atenderlos.
La reforma también plantea garantizar que los tratamientos contra el cáncer infantil continúen sin interrupciones cuando los pacientes cumplan 18 años, una etapa en la que pueden enfrentar dificultades para transitar de los servicios pediátricos a los destinados a adultos.
Otro de los puntos centrales es incorporar el denominado derecho al olvido oncológico, cuyo propósito es evitar que las personas que han superado la enfermedad sufran discriminación al solicitar productos financieros.
La iniciativa busca responder a los desafíos que enfrenta México en materia de atención oncológica. De acuerdo con las cifras citadas del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), en el país se registran 96 mil 210 muertes anuales por cáncer.
Proponen decisiones médicas basadas en evidencia científica
Francisco Freiria, director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), señaló que la reforma pretende convertir el registro de información estadística en un sistema integral de seguimiento y control de la enfermedad, con liderazgo técnico del Incan.
La información recopilada permitiría orientar decisiones sobre tratamientos, adquisición de medicamentos y acceso a medicina de precisión, de acuerdo con las necesidades de los pacientes y la evidencia científica disponible.
La propuesta también busca atender problemas como la escasez de medicamentos oncológicos, las deficiencias en la capacitación del personal sanitario y las desigualdades territoriales que dificultan el acceso oportuno a los servicios médicos.
Las organizaciones impulsoras sostienen que la atención debe abarcar todas las etapas de la enfermedad, desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y los cuidados paliativos, sin que el lugar de residencia determine las posibilidades de recibir atención.
De avanzar en el pleno y completar el proceso legislativo correspondiente, la reforma establecería nuevas obligaciones para fortalecer la atención oncológica en México, con énfasis en la oportunidad de los tratamientos, la continuidad médica y la protección de los derechos de los pacientes.