La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos y diversas contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de identificar indicios que podrían estar relacionados con conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos.
En un comunicado difundido este viernes, el órgano fiscalizador informó que las indagatorias abarcan al INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como a empresas, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar vinculadas con los hechos.
“A la fecha, ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, señaló la ASF.
La institución precisó que cuenta con facultades legales para investigar estos hechos y aseguró que realizará un análisis independiente para determinar el alcance de las posibles anomalías y las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse.
La investigación ocurre en medio de los cuestionamientos dirigidos a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo electoral.
Sheinbaum pide esclarecer los señalamientos
Horas antes del anuncio de la ASF, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el INE debe realizar las auditorías necesarias para aclarar las denuncias y garantizar la transparencia en el manejo de sus recursos.
“No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE”, sostuvo la mandataria durante su conferencia matutina.
Los señalamientos contra Taddei cobraron fuerza después de la difusión de videos sobre una fiesta organizada por un contratista identificado como Alfredo Hernández, quien presuntamente mantiene vínculos comerciales con el instituto electoral.
A raíz de estos hechos, representantes de distintos partidos políticos ante el Consejo General del INE han exigido explicaciones a la consejera presidenta e incluso han solicitado su salida del cargo.
Cuestionamientos por contratos y posibles conflictos de interés
Otro de los casos que ha generado controversia involucra a Jonathan Navarrete, chofer de Taddei, quien aparece como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa dedicada al suministro de materiales electorales.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el nombre de esta compañía también aparece en investigaciones de la ASF y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Estos antecedentes han incrementado las exigencias para que se esclarezca si existieron posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y si hubo relaciones que pudieran comprometer la imparcialidad o la transparencia en las operaciones del organismo electoral.
Hasta el momento, los señalamientos constituyen indicios y acusaciones que deberán ser examinados por las autoridades competentes. La existencia de una investigación no implica, por sí misma, que se hayan acreditado responsabilidades administrativas o penales.
Preocupación rumbo a las elecciones de 2027
Los cuestionamientos también han abierto un debate sobre la credibilidad del INE de cara a las elecciones intermedias de 2027, en las que se renovará la Cámara de Diputados y se celebrarán diversos comicios locales.
Representantes de partidos de oposición han advertido sobre la necesidad de esclarecer los hechos para preservar la confianza pública en la autoridad electoral.
Con el inicio de la investigación de oficio, la ASF buscará determinar si las contrataciones señaladas se realizaron conforme a la normativa y si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos. Los resultados de las indagatorias permitirán establecer, en su caso, las acciones que correspondan.