Un jurado federal en Estados Unidos determinó que Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en el mercado de entradas para espectáculos en vivo, al concluir un juicio de aproximadamente cinco semanas celebrado en Nueva York.
El fallo representa uno de los golpes regulatorios más relevantes contra la industria del entretenimiento en los últimos años y abre la puerta a sanciones económicas, compensaciones y cambios profundos en el modelo de negocio de ambas compañías.
El veredicto llegó después de que, durante el proceso judicial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzara un acuerdo preliminar con Live Nation. Sin embargo, el caso continuó debido a que decenas de fiscalías estatales mantuvieron la demanda antimonopolio presentada originalmente en 2024.
La querella inicial acusó a las empresas de “monopolización y otras conductas ilegales que frustran la competencia en los mercados”, además de buscar una eventual separación corporativa entre Live Nation y Ticketmaster.
El acuerdo firmado con autoridades federales, aún pendiente de aprobación judicial, obliga a Ticketmaster a pagar 280 millones de dólares, vender activos vinculados a anfiteatros, modificar contratos exclusivos de venta de boletos y limitar comisiones a un máximo de 15 por ciento.
A pesar del arreglo parcial, 34 fiscalías estatales continuaron con la acusación, entre ellas las de Nueva York, California y Texas, al sostener que el dominio de mercado de las compañías provocó incrementos de precios y afectó tanto a consumidores como a artistas y recintos.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión como “una victoria histórica para proteger a los neoyorquinos de monopolios lesivos”. En la misma línea, el fiscal de California, Rob Bonta, afirmó que se trata de una “victoria estrepitosa para artistas, fans y salas”.
De acuerdo con la demanda, Live Nation controla al menos 80 por ciento de la venta de entradas en las principales salas de conciertos de Estados Unidos, representa directamente a más de 400 artistas y concentra más de 60 por ciento de la promoción de conciertos, además de poseer o controlar una proporción similar de grandes anfiteatros.
Durante su defensa, la compañía argumentó que no es ilegal ser una empresa grande o exitosa, sino que su liderazgo responde a la preferencia del mercado.
El juez federal Arun Subramanian, quien presidió el juicio y previamente cuestionó el acuerdo alcanzado con el Departamento de Justicia, será ahora el encargado de definir las sanciones finales.
Entre las medidas posibles se contemplan nuevas multas, reembolsos a consumidores, restricciones comerciales e incluso una reestructuración corporativa que podría modificar el panorama de la industria musical en vivo en Estados Unidos.