La forma en que se vive la vejez en México está profundamente marcada por la desigualdad regional, con diferencias significativas en acceso a servicios de salud, empleo formal e infraestructura entre el norte, centro y sur del país, advirtió Verónica Montes de Oca Zavala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Durante la conferencia “Interseccionalidad territorial del envejecimiento”, la especialista explicó que las entidades del norte presentan mejores indicadores, particularmente en afiliación a servicios de salud. Estados como Baja California Sur, Chihuahua y Nuevo León alcanzan niveles cercanos al 90 por ciento, mientras que en el sur y sureste la cobertura disminuye considerablemente, con Michoacán registrando apenas 68 por ciento.
Montes de Oca Zavala subrayó que estas condiciones responden a factores acumulados a lo largo de la vida, como el acceso a empleo formal, servicios médicos, movilidad y nivel socioeconómico. “Las vulnerabilidades en la vejez están directamente relacionadas con el entorno en el que se desarrollaron las personas”, señaló.
En México, las personas mayores de 60 años representan el 12.8 por ciento de la población total, con mayor concentración en el centro y sur del país. La Ciudad de México encabeza la lista con un 16 por ciento, seguida de estados como Morelos y Veracruz, ambos con 14 por ciento. Otras entidades como Oaxaca, San Luis Potosí, Nayarit y Sinaloa reportan alrededor del 13 por ciento.
Uno de los fenómenos más relevantes es la feminización del envejecimiento. En prácticamente todas las entidades federativas, las mujeres representan entre el 53 y 54 por ciento de la población adulta mayor. Sin embargo, pese a su mayor esperanza de vida, enfrentan condiciones más precarias.
La académica explicó que muchas mujeres mayores carecen de seguridad económica debido a trayectorias laborales marcadas por la informalidad o el trabajo no remunerado, especialmente en labores domésticas y de cuidado. Esto se traduce en menores ingresos, limitado acceso a pensiones contributivas y mayor dependencia económica.
“El impacto de estas desigualdades se refleja en una vejez con mayor vulnerabilidad, sobrecarga de cuidados y menor acceso a derechos básicos”, concluyó la investigadora.
El análisis pone de relieve la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas que atiendan las brechas territoriales y de género, en un contexto de envejecimiento poblacional creciente en el país.