La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados perfila aprobar este martes una reforma al Código Penal Federal que castigará con penas de seis meses a dos años de prisión a quienes utilicen la violencia o la intimidación para restringir el acceso a playas, ríos, lagos, caminos federales y otros bienes nacionales de uso común.
El dictamen propone adicionar el artículo 254 Quáter para tipificar como delito las conductas encaminadas a imponer el uso privado o exclusivo de espacios públicos que, por ley, deben permanecer abiertos para toda la población.
De acuerdo con el proyecto, la sanción aplicará a quien, por sí mismo o mediante terceros, inhiba, obstaculice, condicione o restrinja el libre acceso a bienes nacionales como playas marítimas, cauces, zonas federales, caminos y demás áreas destinadas al uso público, siempre que dichas acciones se realicen mediante violencia o intimidación.
La misma pena será impuesta a quienes, tras haber sido requeridos formalmente por la autoridad competente para restituir el acceso libre conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, insistan en mantener la restricción.
En la exposición de motivos, los legisladores reconocen que las disposiciones legales vigentes no han sido suficientes para frenar estas prácticas, pese a reformas previas como la impulsada en 2020 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la que se buscó garantizar el acceso libre a las playas del país.
Sin embargo, señalan que el número de denuncias ha aumentado en distintas entidades, con casos reportados por ciudadanos, comunidades costeras y organizaciones sociales que denuncian obstáculos para ingresar a zonas públicas.
El documento subraya que estas acciones vulneran derechos constitucionales como el libre tránsito y el acceso a bienes nacionales, por lo que el Estado está obligado a fortalecer los mecanismos de protección jurídica.
Con esta reforma, la Cámara de Diputados busca endurecer las sanciones contra quienes pretendan privatizar de facto espacios públicos y garantizar que playas y demás bienes nacionales permanezcan disponibles para el uso y disfrute de toda la población.