La Fiscalía de Nuevo León confirmó este miércoles que sufrió un hackeo en sus servidores, comprometiendo 960 carpetas de investigación y 13 mil archivos con información altamente sensible. El ataque, que ocurrió en marzo de 2024, permitió a ciberdelincuentes acceder a datos que incluyen imágenes forenses, identificaciones personales, inventarios de armamento y detalles de investigaciones activas.
El periodista Ignacio Gómez Villaseñor reveló que este ciberataque fue facilitado por un funcionario de la Fiscalía identificado como Paul “N”, quien ocupaba el cargo de subdirector de Inteligencia. Según Gómez Villaseñor, Paul “N” habría contactado a un hacker conocido como Scorpion para infiltrar la red interna de la Fiscalía mediante una Raspberry Pi, con el propósito de obtener información que pudiera usar como protección personal contra sus superiores.
“Un hacker filtró información clave de la Fiscalía de Nuevo León. El acceso fue permitido por un funcionario estratégico. El riesgo es enorme: privacidad vulnerada, investigaciones comprometidas y procesos judiciales en peligro”, afirmó Gómez Villaseñor en su cuenta de X.
El archivo filtrado, que pesa 14.7 GB, fue publicado en un sitio de la dark web y hasta las 7:04 h de este miércoles, ya había sido descargado por 161 usuarios. Entre los datos divulgados se encuentran imágenes de cadáveres y evidencia crítica que podría ser utilizada por el crimen organizado o afectar procesos judiciales en curso.
En un comunicado oficial, la Fiscalía estatal confirmó haber detectado “actividad inusual” en sus servidores en marzo pasado y aseguró que ya abrió una carpeta de investigación. “El Ministerio Público cuenta con indicios, como videos y documentos, que han permitido identificar a los responsables y obtener órdenes de aprehensión contra ellos”, se detalla en el documento.
No obstante, la Fiscalía enfatizó que la información filtrada no compromete las investigaciones ni pone en riesgo los procesos judiciales vigentes.
Este ciberataque evidencia las vulnerabilidades en la seguridad digital de instituciones gubernamentales y plantea serias preocupaciones sobre el manejo y resguardo de información sensible. La colaboración entre autoridades estatales y federales será clave para prevenir futuros incidentes y sancionar a los responsables.