Al cierre de 2024, el 36.3 por ciento de las personas privadas de la libertad en México no contaban con una sentencia, lo que equivale a 85 mil 547 personas en esta condición jurídica, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2025.
El informe señala que de ese universo, el 38 por ciento enfrentaba prisión preventiva justificada (dictada por un juez), el 47 por ciento estaba en prisión preventiva oficiosa (impuesta de forma automática por la naturaleza del delito), 2.2 por ciento en otras categorías jurídicas y para el 12.8 por ciento restante no se identificó el tipo de estatus legal.
Aunque se observó una ligera mejora respecto a 2023, cuando el porcentaje de personas sin sentencia fue de 37.2 por ciento, el dato sigue reflejando un problema estructural en el sistema de justicia penal, que se traduce en detenciones prolongadas, obstáculos para la defensa legal y posibles violaciones a derechos humanos.
Disparidades por sexo y entidad
Por género, el 31.2 por ciento de las mujeres privadas de la libertad estaban en prisión preventiva justificada y 56.4 por ciento en preventiva oficiosa. En el caso de los hombres, estos porcentajes fueron de 38.5 y 46.2 por ciento, respectivamente.
En entidades como el Estado de México y Michoacán, la totalidad de la población sin sentencia se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa, lo que genera preocupaciones adicionales sobre el abuso de esta figura jurídica.
Además, el 25.6 por ciento de las mujeres y el 22.3 por ciento de los hombres sin sentencia llevaban más de dos años en espera de un fallo judicial, según el Inegi.
Ingresos penitenciarios y delitos más comunes
Durante 2024, ingresaron 140 mil 510 personas a centros penitenciarios y especializados en México. De estos, 138 mil 315 fueron canalizados a instalaciones estatales o de adolescentes, y solo 2 mil 195 a centros federales. Aunque los ingresos disminuyeron 4.9 por ciento respecto a 2023, se mantiene como el segundo registro más alto desde 2017.
El Estado de México y la Ciudad de México encabezaron el número de ingresos con 35 mil 771 y 25 mil 584, respectivamente. A nivel nacional, la tasa de personas privadas de la libertad fue de 179 por cada 100 mil habitantes; mientras que por sexo, fue de 48.8 por cada 100 mil mujeres y 314.9 por cada 100 mil hombres. Sonora y Baja California tuvieron las tasas más altas.
Respecto a los delitos, las mujeres fueron mayoritariamente encarceladas por delitos contra la salud en su modalidad federal, especialmente narcotráfico (34.4%), mientras que en los hombres predominaron los delitos relacionados con armas y explosivos (33.7%).
Tanto para mujeres como para hombres, el delito más común por el que ingresaron a centros estatales fue el robo, con 25.6 y 27.2 por ciento, respectivamente, seguido de narcomenudeo.
Una deuda del sistema judicial
Las cifras del Inegi vuelven a poner en evidencia las deficiencias del sistema penitenciario y de justicia penal mexicano, donde miles de personas permanecen privadas de la libertad sin una resolución judicial definitiva. La alta prevalencia de la prisión preventiva oficiosa y los largos periodos de espera para una sentencia plantean serias dudas sobre la equidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos en los procesos penales del país.