México se convertirá en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular, tras la aprobación de una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La medida, que ha generado controversia tanto a nivel interno como internacional, fue aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 41 en contra.
López Obrador argumentó que la reforma busca combatir la corrupción dentro del sistema judicial, afirmando que “el poder judicial no imparte justicia” y que el voto directo fortalecerá la impartición de justicia en el país. Su sucesora, Claudia Sheinbaum, celebró la enmienda, respaldando la visión del presidente.
Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, la calificó como una «demolición» del poder judicial, mientras que organizaciones internacionales, como Naciones Unidas y Human Rights Watch, advirtieron sobre los riesgos de que los jueces queden expuestos a presiones políticas y criminales.
La reforma ha tensado las relaciones con Estados Unidos y Canadá, socios clave en el tratado comercial TMEC, que han expresado su preocupación por la seguridad jurídica en México. Además, consultoras económicas relacionan los cambios con la reciente depreciación del peso frente al dólar, reflejando el nerviosismo de los inversionistas.
La reforma deberá ser ratificada por al menos 17 congresos estatales antes de ser promulgada. De ser aprobada, las elecciones judiciales se llevarán a cabo en 2025 y 2027, donde se elegirán cerca de 1,600 jueces y magistrados propuestos por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El debate sobre la reforma se ha desarrollado en un clima tenso, con protestas de funcionarios judiciales, estudiantes y ciudadanos que denuncian la posible erosión de la independencia judicial en México.