México enfrenta un problema estructural en el empleo juvenil que no ha mostrado avances significativos en los últimos 20 años. Actualmente, 9.2 millones de jóvenes trabajan en condiciones de informalidad, una cifra prácticamente similar a la registrada hace dos décadas, cuando se contabilizaban 9 millones en esta situación, de acuerdo con un reporte de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
El análisis revela que, si bien el número total de jóvenes ocupados ha aumentado, este crecimiento ha ido a la par del incremento poblacional, lo que diluye cualquier mejora real en la calidad del empleo. En otras palabras, hay más jóvenes trabajando, pero no en condiciones que garanticen estabilidad, derechos laborales o ingresos suficientes.
La informalidad se ha consolidado como la principal puerta de entrada al mercado laboral para este sector. De los 15.4 millones de jóvenes que actualmente tienen un empleo, 9.4 millones carecen de seguridad social, lo que los deja en una situación de alta vulnerabilidad.
A este panorama se suma un dato preocupante: 4.2 millones de jóvenes ocupados, equivalentes al 27%, no perciben ingresos, cifra que se ha duplicado en las últimas dos décadas. Además, 1.5 millones trabajan sin remuneración directa, ya sea en negocios familiares, bajo esquemas de comisiones o mediante becas.
El informe también señala que 7.3 millones de jóvenes permanecen excluidos del sistema laboral. De ellos, más de la mitad —3.8 millones— no participan en el mercado de trabajo debido a que realizan labores de cuidado no remuneradas, una carga que recae principalmente en las mujeres, evidenciando una brecha de género persistente.
Las organizaciones advierten que el verdadero desafío no radica únicamente en incrementar el número de empleos, sino en transformar las condiciones en las que los jóvenes se insertan en el mercado laboral. Actualmente, el acceso al trabajo no garantiza autonomía económica ni una calidad de vida digna.
Finalmente, el reporte subraya que el futuro del país estará marcado por la situación del empleo juvenil, por lo que urge implementar políticas públicas integrales que no solo faciliten el acceso al trabajo, sino que aseguren condiciones dignas, protección social y respeto a los derechos laborales de las nuevas generaciones.