A partir de 2025, las plataformas de comercio electrónico como Temu, Shein y Alibaba estarán obligadas a pagar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 16% en México, anunció este viernes Marcelo Ebrard, secretario de Economía. La medida forma parte de un paquete de nuevas disposiciones fiscales que buscan combatir elusión de impuestos y prácticas indebidas en el mercado.
«Esas plataformas desde luego que las vamos a gravar. Ya tienen un trato fiscal, pero los paquetes más pequeños también deben pagar el IVA y otras obligaciones fiscales. Tenemos que perfeccionar lo que estamos haciendo para que sea eficaz», explicó Ebrard en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.
El titular de Economía argumentó que empresas como Shein y Temu utilizan estrategias para evadir impuestos, como dividir grandes pedidos en paquetes más pequeños que quedan exentos de gravámenes. «Esto va en contra de la economía de nuestro país y no tenemos por qué permitirlo», sentenció.
Impacto en la industria textil
Rafael Zaga Saba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), respaldó la postura del Gobierno y confirmó que, aunque los aranceles a la ropa importada no afectan directamente a plataformas como Temu y Shein, las nuevas disposiciones fiscales representan un paso adelante.
«A partir del 1 de enero [de 2025] vamos a ver estos cambios, y esas marcas tendrán que acatarse a las mismas normas que nosotros cumplimos, que son muy estrictas en México», destacó Zaga Saba.
Según el líder textil, tres de cada cinco prendas que se venden en el país llegan de forma ilegal, afectando a la industria local al no pagar IVA, aranceles ni Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Medidas proteccionistas y economía local
El Gobierno mexicano busca equilibrar las condiciones del mercado y proteger a los productores nacionales frente a las prácticas desleales de las grandes plataformas internacionales. «Esto es un paso importante para que la competencia sea justa y para fortalecer la economía formal», señaló Ebrard.
La medida ha generado expectativas en la industria textil mexicana, que espera que la regulación fiscal fomente un comercio más equitativo y transparente, además de contribuir a las finanzas públicas del país.