La reforma que prohíbe el uso, producción y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en México sigue en proceso legislativo, sin que las sanciones correspondientes hayan sido definidas, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum.
El dictamen fue aprobado por el Senado el pasado 11 de diciembre y ratificado por los Congresos locales en tiempo récord, logrando la mayoría necesaria para su declaratoria constitucional. Sin embargo, aún no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, paso indispensable para que entre en vigor.
Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, subrayó que el proceso legislativo no ha concluido y criticó que durante las discusiones no se abordaran de manera integral los problemas de adicción en México. También advirtió que, hasta el momento, no existen autoridades facultadas para imponer multas o castigos a los usuarios de estos dispositivos.
Aunque los debates en ambas Cámaras destacaron los riesgos a la salud asociados al uso de vapeadores, las disposiciones aprobadas solo mencionan sancionar “toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos que señale la ley”, dejando los detalles a las leyes secundarias.
La reforma busca prevenir daños respiratorios, cardiovasculares y otras afectaciones relacionadas con estos dispositivos, así como con sustancias tóxicas y precursores químicos. Una vez publicada, se derogarán todas las disposiciones legales que contradigan esta nueva normativa.
El dictamen otorga un plazo de 180 días para armonizar el marco jurídico en el ámbito federal, mientras que los Congresos locales dispondrán de un año para implementar los cambios necesarios.
En tanto, el uso de vapeadores sigue siendo permitido mientras no se publiquen las sanciones específicas, lo que ha generado incertidumbre entre los usuarios y críticas de diversos sectores por la falta de claridad en la legislación.