La magnitud del desastre ocasionado por el doble terremoto del pasado 24 de junio sigue revelándose con crudeza. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este martes que la cifra de fallecidos ascendió a 4,734 personas, mientras que los lesionados se mantienen en 16,740.
En su balance, Rodríguez detalló que 6,462 ciudadanos han sido rescatados y que 128,324 familias han recibido apoyo gubernamental. Actualmente, 107 campamentos transitorios alojan a 20,903 personas, aunque 17,907 habitantes continúan sin vivienda.
La emergencia ha dejado un panorama devastador: 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, y se han registrado 1,275 réplicas desde el siniestro. En paralelo, las autoridades han distribuido 10,063 toneladas de alimentos, más de 21.7 millones de litros de agua y brindado atención médica a 33,652 pacientes.
El despliegue de ayuda incluye la participación de 2,471 rescatistas internacionales, 30,989 efectivos nacionales y 31,050 voluntarios en las zonas más golpeadas.
Uno de los mayores retos es la remoción de 1.28 millones de toneladas de escombros. Rodríguez, quien también encabeza la Comisión Presidencial del Estado Mayor para los Campamentos Transitorios y Proyectos de Vivienda, aseguró que el gobierno no contempla arrojar los residuos al mar.
“Bajo ningún concepto se nos va a ocurrir la peregrina idea de lanzar los escombros de las edificaciones colapsadas al océano”, afirmó en conferencia de prensa.
Sin embargo, la declaración ocurre en medio de denuncias sobre la presunta disposición de cascotes en la franja costera de La Guaira. Imágenes difundidas por medios locales muestran materiales expuestos al oleaje, lo que ha generado preocupación ambiental.
La bióloga Cristina Fiol, profesora de la Universidad de Margarita y consultora de la organización Clima21, advirtió:
“Utilizar el océano como vertedero es una forma de ocultar una catástrofe, que sólo posterga y magnifica sus consecuencias”.
Mientras tanto, las autoridades analizan mecanismos para clasificar y reutilizar los residuos, en un intento por mitigar el impacto ambiental y avanzar en la reconstrucción de viviendas para los miles de damnificados.