En México, apenas 21.4 por ciento de los policías estatales y municipales cuenta con un paquete completo de prestaciones laborales, de acuerdo con el informe “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral”, elaborado por México Evalúa.
El estudio advierte que la mayoría de las corporaciones de seguridad pública opera bajo condiciones de precariedad estructural, pese a que la legislación mexicana reconoce derechos laborales básicos para los elementos policiales.
“La realidad es mucho más desalentadora para la mayoría de policías municipales, pues les conceden pocas prestaciones laborales, incumpliendo directamente los compromisos constitucionales que tienen con ellos”, señala el documento.
La organización destaca que el acceso a la seguridad social es limitado y desigual en el país. Según el análisis, únicamente entre 19 y 52.5 por ciento de los policías tiene acceso a un régimen formal de seguridad social, mientras que beneficios como vivienda, fondos complementarios o sistemas integrales de retiro son prácticamente inexistentes para la mayoría de los elementos.
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— 24 Morelos (@24_morelos) May 7, 2026
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El informe sostiene que existe una amplia brecha entre los derechos establecidos en la ley y su aplicación real dentro de las corporaciones policiales.
“Tener por escrito el derecho a recibir una prestación laboral en leyes, reglamentos o contratos es necesario; sin embargo, eso no implica que esos beneficios se otorguen efectivamente”, subraya el estudio.
México Evalúa también alertó que la ausencia de mecanismos claros de financiamiento agrava la problemática, debido a que muchas políticas públicas relacionadas con derechos laborales carecen de presupuesto específico para garantizar su cumplimiento.
“Las políticas públicas sin fuentes de financiamiento sólo son buenos deseos”, advierte el documento.
La organización explicó además que la dispersión normativa entre los distintos niveles de gobierno complica el acceso de los policías a prestaciones laborales dignas, ya que coexisten leyes federales, reglamentos locales y contratos individuales que no siempre están armonizados ni supervisados adecuadamente.
Ante este panorama, México Evalúa propuso la creación de un estándar nacional de condiciones laborales para policías, acompañado de rutas específicas de financiamiento que permitan revertir el rezago en prestaciones y seguridad social.
Sin embargo, el organismo advirtió que, sin recursos etiquetados y reglas claras de implementación, las condiciones laborales seguirán dependiendo de la capacidad financiera de cada municipio, lo que profundiza las desigualdades entre corporaciones del país.
El informe concluye que la precariedad laboral policial no representa únicamente un problema administrativo o presupuestal, sino un factor que impacta directamente en la seguridad pública y en la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de enfrentar la violencia y la delincuencia en México.
En un contexto de altos índices delictivos y creciente presión sobre las policías locales, la organización sostuvo que dignificar las condiciones laborales de los elementos de seguridad resulta indispensable para fortalecer las instituciones y mejorar la seguridad ciudadana.