Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) realizaron este viernes 6 de noviembre una jornada nacional de protestas en rechazo al nuevo sistema de evaluación del desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), al considerar que los lineamientos ponen en riesgo su estabilidad laboral y podrían derivar en la pérdida de sus plazas de base.
Las movilizaciones incluyeron paros de labores, marchas, cierres de edificios judiciales y bloqueos de importantes vialidades en distintas entidades del país, lo que ocasionó afectaciones a la circulación y complicaciones para automovilistas.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, alrededor de 600 trabajadores suspendieron actividades para participar en una manifestación pacífica en defensa de sus derechos laborales. En la capital del estado se sumaron aproximadamente 800 empleados, quienes aclararon que no están en contra de ser evaluados, sino de los criterios establecidos para determinar su desempeño.
Los inconformes señalaron que el nuevo mecanismo otorga 40 por ciento de la calificación a los conocimientos técnicos, mientras que el 60 por ciento restante depende de percepciones y valoraciones de superiores y subordinados. También expresaron preocupación por las posibles sanciones administrativas para quienes no aprueben las evaluaciones, que comenzarán a aplicarse en diciembre.
En la Ciudad de México, trabajadores bloquearon los accesos y salidas del edificio del PJF en San Lázaro, donde tienen su sede juzgados laborales y civiles. La protesta también se extendió a la avenida Zaragoza, en ambos sentidos, provocando afectaciones a la circulación en la zona oriente de la capital.
Con pancartas y consignas como «No a los exámenes punitivos», los manifestantes exigieron revisar el nuevo esquema y garantizar que ninguna disposición administrativa esté por encima de sus derechos laborales.
En Baja California Sur, al menos 300 trabajadores se sumaron al paro nacional y colocaron candados en las puertas principales de la sede del Poder Judicial Federal en La Paz. Informaron que durante la suspensión de actividades atenderían trámites mediante vía telefónica.
En Monterrey, Nuevo León, las protestas provocaron cierres parciales y totales en la avenida Constitución. Los empleados comenzaron a concentrarse después de las 9:00 horas en el cruce con Cuauhtémoc y posteriormente ocuparon carriles laterales, ordinarios y exprés, lo que generó congestionamiento vehicular y obligó a las autoridades de Tránsito a implementar desvíos.
En Pachuca, Hidalgo, alrededor de 300 trabajadores iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido y marcharon sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio. La suspensión comprende juzgados de distrito, tribunales colegiados, el Centro de Justicia Penal Federal y tribunales laborales federales. Los manifestantes informaron que únicamente se atenderán asuntos urgentes.
En Tabasco, aproximadamente mil 200 trabajadores del Décimo Circuito anunciaron un paro total e indefinido, sin guardias ni atención de asuntos urgentes. José Felipe Ochoa Landero, representante sindical, advirtió que las acciones podrían incluir movilizaciones, toma de dependencias y cierres de vialidades.
Los empleados exigieron la abrogación del acuerdo, respeto a sus derechos constitucionales y la apertura de un diálogo formal con las autoridades judiciales.
En Guanajuato y León también se registraron paros de labores y manifestaciones en las sedes del Poder Judicial de la Federación. Oficiales, actuarios y secretarios rechazaron el Sistema de Evaluación, al que calificaron como un posible instrumento para ejecutar despidos disfrazados de procedimientos administrativos.
Los trabajadores demandaron el cese del hostigamiento laboral y la eliminación del acuerdo de evaluaciones para el personal de carrera judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2026.