Redacción
México.- La Fiscalía General de la República (FGR) anunció recientemente la retirada de una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por el delito de enriquecimiento ilícito. Este acontecimiento se produce después de que un tribunal rechazara el mandamiento judicial previamente emitido en su contra.
La investigación se centraba en las actividades financieras de Genaro García Luna mientras ocupaba cargos de alto nivel como secretario de Seguridad Pública durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. Se alegaba que había obtenido un ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos, una cantidad que no estaba debidamente reflejada en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Sin embargo, el comunicado de la FGR informa que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito ha resuelto negar el mandamiento judicial inicial, a pesar de que existían pruebas que sugerían que el patrimonio de García Luna era «desproporcionado e injustificado».
Este revés judicial ha llevado a la FGR a tomar medidas legales adicionales. Se ha anunciado que se iniciará un procedimiento legal contra Gerardo Genaro Alarcón López, el juez de distrito que inicialmente negó la orden, así como contra los magistrados que firmaron la negativa, identificados como Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez. Se les acusa de «actuar en contra de la administración de justicia» y de violar el artículo 224 del Código Penal Federal, que sanciona el enriquecimiento ilícito de servidores públicos.
A pesar de esta retirada de la orden de aprehensión, Genaro García Luna aún enfrenta otras tres órdenes de aprehensión pendientes en México relacionadas con el caso «Rápido y Furioso» y supuestas irregularidades en las concesiones de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (Ceferesos).
Adicionalmente, Genaro García Luna se encuentra actualmente detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido declarado culpable de cinco cargos relacionados con el narcotráfico. Su sentencia, que estaba programada para el 27 de septiembre, fue reprogramada para el 1 de marzo de 2024, y enfrenta una pena mínima de 20 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Es importante destacar que este proceso en Estados Unidos es independiente de las órdenes de aprehensión en México y se basa en acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa durante su mandato como secretario de Seguridad Pública.