Redacción
México.- Representantes de una comunidad rural en el estado de Jalisco, México, han denunciado a las empresas ArcelorMittal y Ternium por los impactos humanos y ambientales derivados de la extracción de hierro en la mina Peña Colorada. Se reportan casos de desapariciones y asesinatos de voces críticas contra la minería legal e ilegal en la región.
En la Sierra de Manantlán, la defensa del medio ambiente y la tierra, así como los derechos de las comunidades campesinas en México, enfrentan un alto costo humano. En noviembre pasado, Higinio Trinidad de la Cruz, opositor a la mina Peña Colorada, fue desaparecido y asesinado. Celedonio Monroy Prudencio y José Santos Isaac Chávez, quienes también denunciaban actividades como la tala ilegal y la minería ilegal, sufrieron un destino trágico similar.
Persecuciones a los críticos de la minería, afectaciones a los recursos hídricos, deforestación y pobreza son algunas de las consecuencias en el ejido Nahua de Ayotitlán desde que la mina Peña Colorada expandió sus operaciones en 2012, generando controversias y divisiones en la comunidad.
Rogelio Rosales Ramos, de 17 años, fue asesinado en 2020 tras recibir amenazas por criticar las actividades mineras. Su padre, conocido como Rogelio, reclama justicia y ha emprendido una gira por varios países europeos para denunciar los impactos de la minería legal e ilegal y exigir responsabilidades a ArcelorMittal y Ternium, principales empresas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada desde 2005.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para Rogelio y otras doce personas de la comunidad indígena Nahua de Ayotitlán ante las amenazas y la violencia por parte del crimen organizado que ha desarrollado minas ilegales en la región.
Las empresas ArcelorMittal y Ternium han sido cuestionadas por su papel en la región. ArcelorMittal ha respondido que condena cualquier situación de violencia y actividad criminal en México, mientras que destaca inversiones en saneamiento de agua en comunidades afectadas. Sin embargo, organizaciones han cuestionado a bancos internacionales como ING y BNP Paribas por financiar actividades de ArcelorMittal, a pesar de las obligaciones de debida diligencia en derechos humanos y ambientales.