En una sesión histórica, el Congreso del estado de Yucatán aprobó este miércoles la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, convirtiéndose en la entidad número 23 del país en garantizar el derecho a decidir de mujeres y personas gestantes.
Con 22 votos a favor y 13 en contra, la reforma al Código Penal local avanza en la armonización del marco legal con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en diciembre de 2024 instruyó al Congreso yucateco a derogar las normas que criminalizaban de forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo.
“La aprobación del dictamen representa un avance histórico en la lucha por los derechos reproductivos”, expresó la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México a través de sus redes sociales.
A partir de esta reforma, las personas con capacidad de gestar podrán acceder de manera legal a servicios de aborto durante el primer trimestre del embarazo. En caso de superar las 12 semanas, se contemplan sanciones que van de tres meses a un año de prisión o bien entre 50 y 200 días de trabajo comunitario.
Pese a este avance, la iniciativa no alcanzó la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución local, por lo que algunos artículos con lenguaje restrictivo aún permanecen vigentes.
El nuevo marco legal también endurece las penas por aborto forzado. Según el Congreso, la sanción por este delito pasó de un rango de 3 a 8 años, a uno de 5 a 10 años de prisión. En casos donde se utilice violencia, la pena aumentará hasta los 15 años.
La organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) celebró la decisión legislativa y recordó que deriva de un amparo resuelto el 22 de agosto de 2024, cuando la SCJN ordenó eliminar la criminalización absoluta del aborto autoprocurado y consentido.
Desde la primera despenalización ocurrida en Ciudad de México en 2007, el país ha experimentado un avance progresivo en el reconocimiento de los derechos reproductivos. Con esta reforma en Yucatán, ya son 23 los estados que permiten el aborto voluntario en las primeras 12 semanas de gestación —excepto Sinaloa, que lo permite hasta la semana 13—, en concordancia con el criterio de la Corte de que penalizar el aborto viola derechos fundamentales como la autonomía, la salud y la igualdad.