El aumento descontrolado de hipopótamos invasores en Colombia ha colocado al país ante una decisión extrema: la posible eliminación de alrededor de 80 ejemplares como parte del plan oficial para contener los severos impactos ecológicos que esta especie exótica provoca en ríos, humedales y ecosistemas del Magdalena Medio.
La ministra de Ambiente de Colombia, Irene Vélez, informó que la medida surge luego de que múltiples intentos de trasladar animales al extranjero no lograron concretarse, pese al interés manifestado por diversos países y centros especializados.
Desde 2023, naciones como India, Filipinas, México, República Dominicana, Perú y Bolivia han mostrado interés en recibir algunos ejemplares. También zoológicos y centros de rescate en Ecuador, Uruguay y Tailandia ofrecieron apoyo. Sin embargo, ninguna operación de translocación internacional ha sido autorizada.
Uno de los principales obstáculos es la estricta regulación impuesta por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, organismo que exige garantizar bienestar animal, trazabilidad, infraestructura adecuada y protocolos de bioseguridad en los países receptores.
El caso más avanzado fue una propuesta para enviar hasta 85 hipopótamos a México, pero fue rechazada al no cumplir con la documentación y requisitos técnicos requeridos. Otras solicitudes continúan bajo revisión.
La funcionaria explicó además que la población de hipopótamos en Colombia presenta una fuerte debilidad genética, ya que todos los ejemplares descienden de solo cuatro animales introducidos ilegalmente en la década de 1980 en la antigua hacienda de Pablo Escobar.
Esa reducida base genética ha provocado endogamia y mutaciones visibles en algunos individuos, lo que agrava la necesidad de controlar la expansión de la especie. Las autoridades estiman que, de no intervenirse, la población podría superar los mil ejemplares en la próxima década.
Aunque algunos zoológicos privados y santuarios se han mostrado dispuestos a colaborar, la ministra subrayó que hasta ahora ningún gobierno ha emitido la autorización oficial necesaria para recibir animales vivos bajo las normas internacionales.
Incluso una alternativa para enviarlos al santuario Vantara Animal Kingdom, promovida por el documentalista Nicolás Ibargüen, perdió respaldo institucional tras cambios dentro del Ministerio de Ambiente colombiano.
Ante este panorama, Colombia mantiene activas sus acciones internas basadas en captura, esterilización, monitoreo y eutanasia ética como último recurso. El gobierno aseguró que continuará con gestiones diplomáticas para buscar soluciones complementarias, aunque reconoció que por ahora la reubicación internacional sigue sin convertirse en una opción real.