La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó y firmó este miércoles la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta que será enviada al Congreso de la Unión para su discusión durante el próximo periodo ordinario y que busca homologar la tipificación de este delito en las 32 entidades del país.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el objetivo central de la reforma es combatir la impunidad y garantizar que todas las fiscalías del país investiguen los feminicidios bajo los mismos criterios.
«Esta Ley General lo que busca es que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios», sostuvo.
Sheinbaum recordó que la iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsadas desde el inicio de su administración para fortalecer los derechos de las mujeres, entre ellas la incorporación a la Constitución del principio de igualdad sustantiva y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Homologar un delito que hoy se investiga de forma distinta
El Gobierno federal argumentó que actualmente existen diferencias significativas entre los códigos penales estatales en la definición del feminicidio, las razones de género que lo configuran, las agravantes aplicables y las sanciones previstas, además de que las fiscalías carecen de protocolos obligatorios y uniformes para investigar estos casos.
A ello se suman problemas como la clasificación errónea de muertes violentas de mujeres como homicidios o suicidios, la falta de análisis del contexto de violencia de género, la pérdida de evidencias y la ausencia de registros públicos homologados que permitan identificar patrones y diseñar mejores estrategias de prevención.
La iniciativa encuentra sustento en la reforma al Artículo 73, fracción XXI, de la Constitución, aprobada el pasado 6 de mayo, que facultó al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La presidenta explicó que el proyecto retoma el modelo de investigación desarrollado por la entonces fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, el cual permitió mejorar la integración de carpetas de investigación y reducir la impunidad mediante protocolos especializados y capacitación permanente para ministerios públicos.
Penas más severas y nuevas agravantes
La propuesta establece un tipo penal único para todo el país, definiendo como feminicidio la privación de la vida de una mujer por razones de género.
Entre los supuestos que acreditan dichas razones se incluyen la existencia de violencia sexual, antecedentes de violencia familiar o de pareja, actos motivados por estereotipos o prejuicios de género y situaciones de desigualdad o abuso de poder.
El proyecto plantea penas de entre 50 y 70 años de prisión, además de 19 agravantes que permitirían incrementar la condena hasta en una mitad.
Entre ellas se considera que la víctima sea una niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como que el responsable sea un servidor público.
La iniciativa también contempla que las personas sentenciadas pierdan la patria potestad, tutela, guarda y custodia de sus hijas e hijos, así como los derechos sucesorios respecto de la víctima. En caso de tratarse de un funcionario público, además sería destituido e inhabilitado para ejercer cargos en el servicio público.
Asimismo, el proyecto establece que el delito de feminicidio, su sanción y la reparación del daño sean imprescriptibles, además de eliminar beneficios legales como la amnistía, la conmutación de penas y la libertad condicionada.
Investigación obligatoria con perspectiva de género
Uno de los cambios más relevantes consiste en que toda muerte violenta de una mujer deberá investigarse desde el inicio bajo la hipótesis de feminicidio, aplicando perspectiva de género y protocolos especializados.
Las autoridades estarán obligadas a revisar antecedentes de violencia, incluso cuando no existan denuncias previas, y tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías estatales deberán contar con unidades especializadas para atender estos casos.
La iniciativa también ordena la creación de un Protocolo Nacional Homologado para la Investigación del Delito de Feminicidio y fortalece los derechos de las víctimas directas e indirectas mediante atención médica, psicológica y asesoría jurídica especializada.
Sheinbaum destacó que cerca del 90% de los feminicidios son presuntamente cometidos por parejas, exparejas o familiares cercanos, por lo que insistió en la necesidad de que las autoridades otorguen valor a los testimonios de las familias y eviten desestimar antecedentes de violencia por la ausencia de denuncias formales.
«El reto es alcanzar la cero impunidad»
Al defender la propuesta, la presidenta calificó el feminicidio como la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres y sostuvo que el Estado debe actuar tanto en la prevención como en la investigación y sanción de este delito.
Aunque reconoció que los feminicidios han mostrado una tendencia descendente en los últimos años, señaló que aún persisten altos niveles de impunidad, por lo que la nueva legislación pretende establecer criterios uniformes que garanticen investigaciones eficaces y acceso a la justicia.
«La meta es erradicar el feminicidio mediante la prevención, la educación, la igualdad entre mujeres y hombres y, sobre todo, garantizar la cero impunidad frente a este delito», concluyó la mandataria.