La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, instigación pública para delinquir y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, en relación con las protestas y bloqueos que afectaron al país durante más de 50 días entre mayo y junio.
La orden fue firmada por el fiscal Brayan Melgar, quien sostiene que el exmandatario habría alentado las movilizaciones que provocaron el cierre de carreteras y un severo desabasto de alimentos, medicamentos, oxígeno medicinal y combustibles, especialmente en ciudades como La Paz y El Alto.
Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales. La primera fue emitida tras su inasistencia a un proceso judicial en el que enfrenta acusaciones por el presunto abuso de una menor de 15 años durante su mandato presidencial (2006-2019), caso que el exgobernante ha negado de manera reiterada. La falta de ejecución de esa medida judicial ha generado cuestionamientos hacia las autoridades bolivianas.
A través de su cuenta en la red social X, Morales rechazó las nuevas acusaciones y aseguró que forman parte de una estrategia de persecución política impulsada por el actual gobierno.
«No nos van a intimidar», escribió el exmandatario, quien acusó a la administración de intentar desviar la atención de la crisis económica y social que, a su juicio, enfrenta Bolivia.
Desde 2024, Morales permanece en la región cocalera del Chapare, considerada su principal bastión político, donde ha evitado comparecer ante la justicia por el proceso relacionado con el presunto abuso de una menor.
Las investigaciones se desarrollan en un contexto de alta tensión política tras la llegada a la Presidencia de Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, poniendo fin a casi dos décadas de gobiernos de izquierda encabezados por Morales y, posteriormente, por Luis Arce.
Durante mayo y junio, Bolivia enfrentó una de las mayores crisis sociales de los últimos años, con bloqueos carreteros impulsados por organizaciones campesinas y obreras que exigían la renuncia del presidente Paz. Las movilizaciones dejaron más de 15 personas fallecidas, la mayoría debido a la interrupción en el acceso a servicios médicos y al desabasto de insumos esenciales.
El gobierno responsabilizó a Evo Morales de promover las protestas y los bloqueos. Posteriormente, tras la declaración del estado de excepción en junio para restablecer la circulación en las carreteras, el exmandatario hizo un llamado a suspender temporalmente las movilizaciones, aunque las investigaciones sobre su presunta participación en los hechos continúan.