La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) analizan una propuesta para establecer una tarifa de hasta 2% sobre el valor de celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor.
El planteamiento, conocido como “moche digital”, aún no constituye un impuesto aprobado ni existe una postura oficial que confirme su implementación. De acuerdo con información de EL CEO, la iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, junto con Indautor y la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).
La propuesta parte del concepto de remuneración compensatoria por copia privada, bajo el argumento de que determinados equipos pueden utilizarse para almacenar o reproducir obras protegidas, incluso cuando el usuario no haya realizado directamente una copia.
Entre los dispositivos que podrían quedar sujetos al cobro se contemplan celulares, computadoras, tabletas, pantallas y memorias USB. El mecanismo definiría mediante un reglamento los equipos incluidos, los responsables del pago y la forma en que se calcularía la tarifa.
Aunque el pago formal correspondería a productores e importadores, existe la posibilidad de que el costo sea trasladado al precio final, lo que encarecería la adquisición de teléfonos, computadoras y otros dispositivos electrónicos.
Estimaciones citadas por EL CEO señalan que el impacto para la industria podría ubicarse entre 700 y 750 millones de dólares anuales, con posibles efectos en la inversión, la competitividad y el acceso a tecnología. También han surgido cuestionamientos sobre un eventual doble pago, debido a que los consumidores ya cubren suscripciones a plataformas de música, películas y otros servicios digitales.
El antecedente más reciente se remonta a 2021, cuando una reforma impulsada desde la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados buscó modificar la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer una remuneración por copia privada. El proyecto contemplaba computadoras, celulares, discos duros y memorias USB y estimaba una recaudación de entre 4 mil y 6 mil millones de pesos.
Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el Pleno de la Cámara de Diputados con 292 votos en contra, 87 a favor y 59 abstenciones.
Ahora, el tema vuelve a la discusión con un mecanismo distinto. Según EL CEO, la nueva propuesta buscaría establecer el cobro mediante un reglamento, en lugar de recurrir nuevamente a una reforma legislativa.
Por el momento, se trata de una propuesta en análisis y no de un impuesto aprobado que los consumidores mexicanos deban pagar.