El Senado de la República recibió este domingo 30 de agosto la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Ejecutivo Federal para establecer el requisito de nacionalidad única a quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura.
La propuesta, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum y remitida por la Secretaría de Gobernación, plantea reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionados con los requisitos para ejercer la Presidencia, la organización de los poderes de los estados y el régimen de la Ciudad de México.
La recepción del proyecto fue informada por Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, quien explicó que la iniciativa busca establecer la condición de nacionalidad única para quienes ejerzan la titularidad de los poderes Ejecutivos federal y locales.
De aprobarse, la modificación establecería que quienes ocupen la Presidencia de la República o una gubernatura no cuenten con doble nacionalidad, con el argumento de evitar posibles conflictos de interés con una nación extranjera.
Cambios a la Constitución
El proyecto tiene como eje la “Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales” y contempla modificaciones a tres artículos constitucionales.
El artículo 82 establece actualmente los requisitos para ejercer la Presidencia de la República; el 116 fija las bases para la organización de los poderes de las entidades federativas, incluido su Poder Ejecutivo, mientras que el 122 contiene las disposiciones constitucionales correspondientes a la Ciudad de México.
La iniciativa busca que las personas que ejerzan estos cargos cuenten con una sola nacionalidad, como una medida orientada a garantizar que sus decisiones y responsabilidades estén vinculadas exclusivamente con los intereses nacionales.
La presidenta del Senado informó que el proyecto continuará su proceso legislativo y será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
La propuesta deberá ser discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión antes de que pueda convertirse en una modificación constitucional.