México se está convirtiendo en uno de los principales mercados internacionales de maternidad subrogada, con costos que favorecen la contratación de mujeres gestantes en condiciones de vulnerabilidad, advirtieron especialistas de distintos países durante un foro realizado en la Cámara de Diputados.
En el encuentro internacional “Los derechos humanos y la maternidad subrogada”, expertos en derecho, salud reproductiva y feminismo abolicionista de Estados Unidos, Chile, Argentina y España se pronunciaron por prohibir esta práctica y alertaron sobre sus posibles consecuencias en materia de derechos humanos y salud física y mental.
La diputada del PT Magdalena Núñez Monreal, promotora de una iniciativa para incorporar la maternidad subrogada como una conducta vinculada con la trata de personas, señaló que el mercado mundial de alquiler de vientres actualmente alcanza alrededor de 28 mil millones de dólares y podría superar los 78 mil 680 millones de dólares para 2031.
De acuerdo con lo expuesto durante el foro, en México las agencias que intervienen en contratos de subrogación suelen cobrar cerca de 90 mil dólares a las familias de intención, mientras que las mujeres gestantes reciben aproximadamente entre 10 y 20 por ciento de esa cantidad.
La maternidad subrogada consiste en que una mujer lleva a término un embarazo mediante la implantación de un óvulo fecundado con material genético de otras personas, generalmente bajo un contrato que contempla una compensación económica y establece diversas condiciones para la gestante.
Los especialistas cuestionaron que, en muchos casos, las mujeres que participan como gestantes provienen de sectores empobrecidos y enfrentan condiciones de vulnerabilidad, mientras que las familias de intención cuentan con mayores recursos económicos y capacidad para establecer las condiciones contractuales.
Olivia Maurel, portavoz de la Convención de Casablanca y activista contra la maternidad subrogada, relató durante el foro que descubrió a los 17 años que había nacido mediante esta práctica. Explicó que la experiencia de desconexión con su familia y el sentimiento de no pertenencia tuvieron consecuencias personales que la llevaron al consumo de drogas y alcohol y a vivir con un temor constante al abandono.
A partir de su experiencia, Maurel se convirtió en activista por la abolición de la maternidad subrogada a nivel internacional y advirtió sobre el crecimiento de esta actividad en México.
“México se está convirtiendo en un mercado gigante porque las mujeres se pueden pagar”, afirmó.
Por su parte, Patricia Olamendi, defensora de derechos humanos y feminista abolicionista, calificó la subrogación materna como una forma de esclavitud y cuestionó la participación de algunas notarías mexicanas en los procesos contractuales relacionados con esta práctica.
“México es el nuevo mercado de la esclavitud moderna”, sostuvo durante su intervención.
La académica de la Universidad Católica de Argentina, Lorena Bolsón, señaló que existen 56 iniciativas legislativas en nueve países de América Latina relacionadas con la regulación de la maternidad subrogada. Sin embargo, sostuvo que ninguna de ellas exime de responsabilidad a la madre gestante ante posibles complicaciones durante el embarazo o el parto, ni coloca de manera suficiente los derechos de los menores como prioridad.
Los participantes también señalaron que la separación inmediata entre la mujer gestante y el bebé después del nacimiento puede generar consecuencias que deben ser consideradas desde la perspectiva de los derechos de la infancia y la salud física y mental.
La iniciativa promovida por el PT para reformar la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas ya fue inscrita en la Cámara de Diputados. Se prevé que sea turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación durante el actual periodo ordinario de sesiones.