El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares y otras ocho personas, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y colusión con el Cártel de Sinaloa.
El encausamiento fue presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde los fiscales sostienen que los acusados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar operaciones delictivas, incluyendo el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. De ser hallados culpables, enfrentarían penas que van desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua.
De acuerdo con la acusación, los implicados estarían relacionados con actividades del grupo criminal liderado por figuras como Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, incluyendo presuntos actos de protección a sus operaciones y filtración de información sensible para evadir acciones de las autoridades.
El administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que el caso revela un “esfuerzo deliberado de socavar instituciones públicas” y advirtió que ningún funcionario está por encima de la ley. Asimismo, destacó la cooperación entre autoridades de Estados Unidos y México en la integración del expediente.
La acusación también incluye cargos por conspiración para traficar narcóticos, posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseerlos. Entre los señalados figura además el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Según el fiscal federal Jay Clayton, el caso evidencia que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa no podrían operar sin el respaldo de redes de corrupción dentro de las instituciones públicas.
En respuesta, el gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones y las calificó como una “calumnia” sin fundamento. A través de redes sociales, sostuvo que los señalamientos representan un ataque político y a la llamada Cuarta Transformación, proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldado por la actual mandataria Claudia Sheinbaum.
El mandatario estatal aseguró que demostrará la falsedad de las imputaciones y defendió la soberanía nacional frente a lo que consideró una estrategia externa. Mientras tanto, el proceso judicial en Estados Unidos podría derivar en solicitudes de extradición o cooperación bilateral para que los acusados enfrenten la justicia en territorio estadounidense.
El caso abre un nuevo frente en la relación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, en un contexto de creciente presión internacional contra las redes criminales que operan en ambos países.