Redacción
Nicaragua.- En un abrupto desenlace para el año, Nicaragua enfrenta una profunda crisis tras el arresto de al menos 15 sacerdotes y seminaristas en los últimos días, sumado a la impactante condena a 26 años de cárcel al obispo Rolando Álvarez. Analistas y opositores sostienen que estas acciones marcan un año marcado por denuncias de persecución y destierro de religiosos, indicando un intento del Gobierno del Presidente Daniel Ortega de «hacer desaparecer» a la Iglesia.
De acuerdo con voceros de la Iglesia católica, un obispo y cinco sacerdotes fueron sacados de sus hogares y parroquias por policías entre el 20 y el 28 de diciembre. Otros nueve párrocos fueron detenidos en los dos días siguientes en distintas regiones del país. La policía no ha confirmado ni desmentido las denuncias.
«Una feroz cacería de sacerdotes», expresó monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, a través de sus redes sociales. Báez, crítico destacado en la Iglesia, había denunciado previamente la represión policial en las protestas antigubernamentales de 2018 y se vio obligado a exiliarse en Miami tras amenazas de muerte.
Entre los sacerdotes arrestados se encuentra el obispo Álvarez, acusado de «traición a la patria» por negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados. Otros destacados líderes religiosos, como Isidoro Mora, obispo de Siuna, y el vicario general de la arquidiócesis de Managua, monseñor Carlos Avilés, también están entre los detenidos.
La abogada Martha Patricia Molina, experta en asuntos religiosos, sugiere que los arrestos podrían estar relacionados con las misas en las que los sacerdotes han orado por el obispo Álvarez y han abordado temas de libertad y derechos humanos en sus homilías. Molina afirma que el objetivo final del Gobierno es eliminar la presencia crítica de la Iglesia católica en Nicaragua.
El informe de la experta documenta 740 agresiones a religiosos y recintos católicos en los últimos cinco años, con al menos 275 ataques ocurridos en el último año. La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denuncia la «más sistemática represión a la Iglesia católica» en 2023, con la prohibición de procesiones, encarcelamiento y destierro de sacerdotes, entre otras acciones.
Mientras tanto, 15 organizaciones opositoras condenan los arrestos, describiéndolos como un intento de «eliminar la esperanza» de un cambio y sembrar «temor» en la población. El grupo político Monteverde advierte de un «plan de exterminio» de la Iglesia y llama a la intervención del Vaticano.
Hasta el momento, la Santa Sede no ha emitido declaraciones sobre la situación en Nicaragua, dejando al país en una situación de incertidumbre y preocupación.