En México, niñas de apenas 10 u 11 años pueden enfrentar embarazos derivados de violencia sexual, justo cuando en las escuelas públicas comienzan a estudiar el tema de la gestación. Especialistas advierten que, a esa edad, el organismo aún no ha completado su desarrollo físico y metabólico para sostener un embarazo, lo que incrementa los riesgos para su salud.
Sandra Gaspar Martínez, médica ginecoobstetra e integrante de la organización Salvemos Miles de Vidas México, señaló que el embarazo en una niña implica un riesgo elevado debido a que su desarrollo óseo, cardiovascular y metabólico aún se encuentra en proceso.
La especialista hizo estas consideraciones a propósito del caso de una niña de 11 años de Matamoros, Tamaulipas, quien fue víctima de violación sexual presuntamente por parte de su padrastro, actualmente detenido. La menor cursaba un embarazo de cinco meses derivado de la agresión y el pasado 12 de agosto fue sometida a una interrupción del embarazo. De acuerdo con el IMSS, se encontraba en recuperación y quedaría bajo resguardo del DIF Matamoros.
Gaspar Martínez explicó que llevar a término un embarazo en una niña puede generar complicaciones como hemorragias, anemia, restricción del crecimiento fetal y preeclampsia, una enfermedad caracterizada por el aumento de la presión arterial durante el embarazo.
En casos graves, la preeclampsia puede evolucionar a eclampsia y provocar convulsiones. También existe riesgo de infecciones urinarias y vaginales que, si no reciben tratamiento oportuno, pueden derivar en sepsis y poner en peligro la vida de la menor.
La especialista señaló que, por su edad, cualquier embarazo antes de los 19 años es considerado de alto riesgo, aunque el peligro se incrementa de manera considerable entre las niñas de 10 a 14 años.
De acuerdo con cifras citadas de la Secretaría de Salud, alrededor de 17 por ciento de las muertes maternas corresponde a niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años, lo que representa aproximadamente 85 fallecimientos anuales por complicaciones relacionadas con el embarazo.
En 2022 se registraron 678 muertes maternas en México, de las cuales 67 correspondieron a menores de 20 años. Entre ellas, cuatro tenían entre 10 y 14 años, según datos del entonces Instituto Nacional de las Mujeres.
Asimismo, el Consejo Nacional de Población informó en 2023 que en México se registraban alrededor de mil nacimientos diarios de madres adolescentes menores de 19 años, equivalentes a unos 370 mil al año. También reportó aproximadamente 8 mil 765 nacimientos anuales de niñas menores de 14 años, un grupo considerado de alto riesgo de mortalidad materna.
Chiapas y Guerrero se encontraban entre las entidades con mayor incidencia de embarazos infantiles.
Consecuencias psicológicas
Además de las complicaciones físicas, un embarazo derivado de violencia sexual puede provocar consecuencias psicológicas profundas en niñas que todavía se encuentran en pleno desarrollo emocional y social.
Gaspar Martínez advirtió que una menor puede experimentar ansiedad, miedo, culpa, depresión y estrés postraumático, además de alteraciones en su desarrollo psicosocial.
A ello se suma el estigma social que puede enfrentar en su entorno escolar y familiar, así como la dificultad para comprender lo ocurrido y procesar que el embarazo fue consecuencia de una agresión que no provocó ni deseó.
Interrupción del embarazo
La ginecoobstetra sostuvo que, ante un embarazo producto de una violación sexual, las niñas deben tener acceso a una interrupción del embarazo segura y conforme a los protocolos establecidos.
Recordó que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, relacionada con la prevención y atención de casos de violencia familiar, sexual y contra las mujeres, establece que los casos de violación sexual y los embarazos derivados de ella constituyen urgencias médicas que requieren atención inmediata.
La especialista señaló que la atención debe realizarse con privacidad y confidencialidad, particularmente cuando se trata de niñas víctimas de violencia sexual.
También consideró necesario revisar las circunstancias que permitieron que una menor llegara a presentar un embarazo avanzado sin que la agresión fuera detectada, tanto en el ámbito familiar como en el escolar y sanitario.
Gaspar Martínez advirtió que no todos los profesionales de la salud conocen o aplican correctamente la Norma 046, por lo que llamó a fortalecer la capacitación y los protocolos de atención para identificar oportunamente posibles casos de abuso sexual.
Finalmente, subrayó que la violencia contra niñas y mujeres debe permanecer como una posibilidad a considerar durante la atención médica, incluso cuando no sea el motivo inicial de consulta, con el objetivo de detectar agresiones y brindar protección de manera oportuna.